Por Alessia Genoves
“Legitimidad con la oposición” es el aspecto que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele habría visto en la elección de la licenciada Raquel Caballero de Guevara como representante de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). El interés manifiesto por el presidente es el de darle validez a los resultados de gobierno, con la expectativa de que la supuesta representante “legítima” de la oposición certifique la veracidad del gobierno salvadoreño.
“La razón principal para mí, no es su desempeño, sino es la legitimidad que nuestros opositores le dieron, aquí en el país y en el extranjero. Ahora en adelante, creo yo que lo que va a ser más importante, es que con esa legitimidad que usted tiene con la oposición, y con los entes internacionales, oenegés, etcétera… con esa validez que tiene, y con esa credibilidad que quieren que tiene… eso, creo humildemente que sí va a importar”, fueron las palabras expresadas por Bukele.
Raquel Caballero de Guevara ostentará, por vez, la representación de la PDDH. Reafirmó no tener afinidades partidarias, al mencionar que su primer mandato fue electo por representantes de los partidos Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln) y Alianza Republicana Nacionalista (Arena). Buekele, entre tanto, espera resultados favorables de la procuradora; sin embargo, la anterior administración de la procuradora recibió dos sanciones por nepotismo.
Raquel Caballero y Bukele
Raquel Caballero de Guevara y Nayib Bukele tuvieron su primera convocatoria oficial, precediendo la reunión trabajo con autoridades de Justicia y Seguridad Pública. Sin embargo, la interlocución con la procuradora se limitó a la discusión de sus credenciales, y los criterios de idoneidad compartidos por el presidente. Las sanciones por nepotismo, sin embargo, no fueron ventiladas en la discusión, pese a que muchos de los simpatizantes del partido oficial cuestionaron la elección de la nueva procuradora.
Más de dos décadas representan a la Procuradora, en su carrera como representante y defensora del pueblo. En los procesos de selección, ventilados por la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, se dio a conocer una reciente actualización de su currículum, que hacía notar su participación en la PDDH desde el año 2001, como procuradora adjunta de la institución. Otros datos refieren a que ha sido docente de la Universidad Centroamericana, “José Simeón Cañas” (UCA) por más de 21 años.
Caballero de Guevara también hace notar su experiencia como “secretaria técnica del Concejo Centroamericano de Procuradoras y Procuradores de Derechos Humanos, coordinadora de la Red de Trata de Personas para Centro América de la Federación Interamericana del Ombudsman”; entre otras, como consultora de la Unión Europea en el diseño de programas de derechos humanos para la atención de Flujos Migratorios hacia otros procuradores de las Américas, y habilidades como la publicación de 27 diferentes libros relacionados a Derechos Humanos.
Sin embargo, pese a la experiencia y habilidades declaradas en la Comisión Política, el interés manifiesto por el presidente Bukele fue el de su representación por una supuesta “legitimidad con la oposición”. Es decir, el gobernante indicó que las evaluaciones de la PDDH a su gobierno, podrían tener una mayor credibilidad, si éstas han tenido lugar por representantes de la oposición, como Raquel Caballero de Guevara.
“Nadie de la oposición, probablemente nuestros seguidores sí, pero nadie de la oposición; ni las personas, ni sus seguidores, ni sus diputados, ni sus partidos, ni sus ONGS ni las organizaciones internacionales, ni las organizaciones, ni Human Right Watch, ni ninguna de esas personas pueden cuestionar su idoneidad para el cargo. Porque, hay personas que dicen: ¿Por qué el presidente no presionó, por qué no pusieron un abogado del partido?. Porque cualquier persona que hubiéramos puesto, y hubiera sido abogada del partido, hubiera sido llamada, así como llaman al fiscal, “fiscal impuesto”. Y él fue electo, en un proceso abierto y transparente, pero le llaman impuesto”, excusó el presidente Bukele .
A la experiencia de Caballero de Guevara, se añaden 3 años en la administración como titular de la PDDH, durante el período del 2016 al 2019. Sin embargo, Bukele hizo notar una denuncia de inconstitucionalidad, que fue resuelta favorablemente a ella, por la Sala de lo Constitucional. La procuradora presume que su administración pública, además, ha sido independiente, explicando que la elección de su primer cargo como procuradora tuvo la participación de representantes del FMLN, de Arena, así como de otras representaciones partidarias.
“Usted no pudo haber sido votada por ARENA y por el FMLN, dos partidos que representaban, no solamente a casi todo el país, sino dos posiciones supuestamente antagónicas. No pudo haber sido avalada por la Sala de los magníficos, que es básicamente el Olimpo, para los juristas de oposición. Y para los juristas de oposición no hay nada más increíble jurídicamente más increíble. Pero todos ellos avalaron su cargo; y lo avalaron durante todo el tiempo en que coincidieron en ambos cargos. Luego vino la Sala Legítima, que ellos dicen que es la Sala Legítima, y avalaron su cargo. Y no sólo la avalaron por omosión, sino que también por acción. E, incluso, emitieron una resolución favorable por usted”, señaló Bukele.
Caballero de Guevara, sin embargo, fue propuesta por el partido ARENA, aunque su elección contó con 77 votos de representantes de otros grupos parlamentarios, como el Partido Demócrata Cristiano. “Sinceramente, creo que me eligieron sin conocerme. No podían decir que ella es del Frente, ella es de Arena, ella es de aquí, ella es de allá…”, opinó la procuradora.
Oposición y Caballero de Guevara
La expectativa de Bukele sobre Caballero de Guevara, como se ha dicho, es la de comunicar la PDDH con el gobierno, teniendo ésta una supuesta legitimidad con la oposición. Sin embargo, desde el inicio de su convocatoria en la Comisión Política, de Guevara fue interrogada por la prensa sobre su idoneidad en el cargo al que volvía a aspirar, tras haber acumulado dos sanciones por nepotismo.
“Apliqué la política de ascensos. Las personas que estamos como ordenanzas, y que empezaron a estudiar derecho, yo las nombré colaborador jurídico. Los colaboradores jurídicos que ya se habían graduado, los ascendí a jurídicos. Los jurídicos que se habían graduado dentro de la institución, los nombré delegados departamentales. Y algunos delegados departamentales – creo que 4- yo los nombré – que fueron los más eficientes- los nombré procuradores adjuntos”, excusó Raquel Caballero de Guevara.
Sin embargo, en el expediente 2-D-17 del TEG se hace notar que la persona a la que promovió, en un cargo superior, fue a la hija de su cónyuge, que respondía al nombre de Gaby Lourdes Guevara Quintanilla. Guevara Quintanilla, por su parte, habría su renuncia irrevocable de su cargo como Colaborador Jurídico en la PDDH; para luego concursar y ser contratada por Caballero de Guevara en la Plaza de Asistente Técnico. De los 19 arraigos tomados en cuenta en la resolución del TEG, también, se hace notar que Guevara Quintanilla tenía garantías salariales de $18 mil dólares mensuales.
El TEG, finalmente, resolvió: “Sancionase a la licenciada Raquel Caballero de Guevara, Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, con una multa de mil seis dólares con ochenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US$1,006.80), lo anterior por la infracción a la prohibición ética regulada en el artículo 6 letra h) de la Ley de Ética Gubernamental, por haber ascendido a partir del día uno de octubre de dos mil dieciséis, a la hija de su cónyuge, licenciada Gaby Lourdes Guevara Quintanilla en la plaza de Asistente Técnico en dicha Procuraduría”.
$5,823.48 dólares se acumularían, como el saldo aplicado en contra de Caballero de Guevara, en concepto de sanciones administrativas. El dato lo comparte la Fundación de Estudios para la Aplicación en Derechos (Fespad), de acuerdo con informes del Tribunal de Servicio Civil y la Corte de Cuentas de la República (CCR)
“Las multas están pagadas por respeto a la institucionalidad. De todos modos, no me iban a dar la solvencia, si no las pagaba”, añadió la ex-titular de la PDDH. Reiteró, a continuación, que sus motivaciones para participar como aspirante estaban fundamentada en su “vocación de servicio, interés de aportar al país, por temas de derechos humanos” y que su “trabajo ha sido centrado a las víctimas”.
Población LGBTI, personas con discapacidad; y competencias en el derecho a la salud serían, según ella, algunos de los ejes temáticos que justificarían su vocación de servicio, durante la administración que precedió a la de su sucesor, Apolonio Tobar Serrano. El proceso lo habría desarrollado en respuesta de los “derechos económicos, sociales y culturales” de las 10 mesas temáticas.
De hecho, en la hoja de vida presentada a la Comisión Política, durante su proceso de selección, sostuvo: “He activado y coordinado las Mesas temáticas que funcionan en la PDDH: Mesa de Niñez y DDHH, Mesa de Personas Adultsas y Mayores y DDH; Mesa de VIH y DDHH, Mesa LGBT, Mesa de Personas con Discapacidad y DDH, Mesa de Medio Ambiente y DDHH, Mesa de Pueblos Indígenas, Mesa Diplomática y DDHH y otras”.
Sin embargo, activistas de la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género, como Karla Guevara, denunciaron que las actividades permanecieron suspendidas durante una parte su jefatura, un señalamiento que fue reiterado por el entonces procurador sucesor, Apolonio Tobar Serrano.
“Rechazamos el nombramiento de Raquel Caballero como Procuradora de Derechos Humanos promovido por GANA y Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa. Caballero es una ex funcionaria de comprobada trayectoria antiderechos. Su gestión es una nueva amenaza para las personas LGBTI y las mujeres”, juzgó también la Federación Salvadoreña LGBT.
Por otra parte, durante su administración habría identificado temas de interés por abordar, que de hecho los ha retomado Apolonio Tobar: “Justicia transicional; los derechos económicos, sociales y culturales de las 10 mesas temáticas”, temas de “inseguridad; construcción y reconstrucción del tejido social, familia y derechos políticos por la participación ciudadana”. Algunas de las garantías que prometió, en proyección a un nuevo mandato, serían: el reconocimiento de la PDDH “a nivel nacional e intenacional”; un “índice de calificación” y participar en el “cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”.
