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viernes, 07 de mayo del 2021

Bukele enví­a a la Asamblea tercer veto

Se trata de un decreto que aprobaron los diputados sobre disposiciones transitorias para regular el curso de ascenso de subcomisionado para inspector jefe de la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta promoción.

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Por inconstitucional, el presidente Nayib Bukele vetó un decreto que habí­an aprobado los diputados el pasado 18 de julio, que contiene disposiciones transitorias para regular el curso de ascenso a subcomisionado para inspectores jefes pertenecientes a la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta promoción y aquellos graduados en el exterior de la Policí­a Nacional Civil (PNC).

El presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, lo dio a conocer a través de su cuenta de Twitter.

Los diputados aprobaron una reforma para que el curso de ascenso para subcomisionado fuera de tres meses, eliminando la práctica policial y se les contabilizara desde el 29 de mayo de este año, que iniciaran la fase de inducción y el curso de actualización para el desempeño policial.

El gobernante, expuso como argumento para rechazar el decreto que  esa enmienda implica un acortamiento respecto de la regla general establecida en el artí­culo 62 del Reglamento de Ascensos de la Policí­a Nacional Civil.

Ese artí­culo sin la reforma aprobada por los parlamentarios, señala que los cursos de ascensos tendrán una “duración mí­nima de cinco meses teóricos y dos de práctica”.

Al respecto, Bukele explica que con la enmienda se está causando una distorsión en el régimen de profesionalización de los miembros de la Policí­a.

Además, señala que los decretos, aunque sean de carácter transitorio deben redactarse en términos generales para establecer los supuestos y consecuencia jurí­dica.

Hoy, queda en manos de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales el veto presidencial que deberán estudiar con el equipo técnico y decidir si los argumentos del mandatario son válidos o por el contrario superan el veto. De ser así­, el gobernante tiene la opción de recurrir a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que dirima la controversia entre el Ejecutivo y el Órgano Legislativo.

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