Estamos próximos a celebrar el XXV Aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz. No se trata de un aniversario más, sino de uno en el cual se cierra, por así decirlo, un ciclo de 25 años de historia nacional. En términos generacionales, quienes nacieron después de 1992 (o eran pequeños cuando la guerra civil finalizó) han tenido experiencias de vida distintas –en muchos sentidos, extremadamente distintas—a las que tuvieron sus padres y abuelos, pues El Salvador ha tenido transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales de envergadura en estas dos décadas y media transcurridas desde 1992.
La reforma política e institucional emanada de los Acuerdos de Paz se ha venido haciendo realidad, naturalmente que no de forma lineal ni ideal, desde aquel momento hasta el día de ahora. Gracias a esa reforma política e institucional, no sólo la democracia salvadoreña ha echado raíces y se ha exorcizado los fantasmas del fraude electoral y los golpes de Estado, sino que el debate político, la libertad de expresión, la libertad de organización y la diversidad ideológica y política son una realidad en El Salvador. Y quizás lo más trascendental es que el Estado ha dejado se ser una amenaza para la sociedad.
No hay que olvidar que para las generaciones que vivieron durante el siglo XX (prácticamente hasta la década de los 90) el autoritarismo y sus dinámicas de exclusión, miedo, terror y anulación de libertades fue una de las principales preocupaciones.
La otra, sin duda importante, era la exclusión económica, que tenía por base la explotación de la mano de obra urbana y rural, los bajos salarios y los abusos a trabajadores y empleados. La expresión de la época era “injusticia económica”, misma que dio pie a procesos de organización y movilizaciones populares (sindicales, gremiales, campesinas) que tenían como finalidad revertir los efectos más graves de esa injusticia económica en los hogares salvadoreños. Así como la exclusión política era fuente de conflictos, también lo era la exclusión económica. Y por ello es que los Acuerdos de Paz se propusieron atacarla, planteando la necesidad de un modelo socio-económico más justo e inclusivo que asegurara la “reunificación” y la “cohesión” de la sociedad salvadoreña.
Ese modelo socio-económico –que era el complemento de la reforma política democrática— no se construyó. Al mirar hacia atrás, no se puede dejar de ser críticos acerca de esta enorme falla, pues el modelo económico que se había comenzado a implantar en 1989, con el primer gobierno de ARENA, se mantuvo firme y se expandió hasta el momento presente.
La mirada hacia atrás en el tiempo para reconocer lo que hemos logrado en materia política e institucional no debe impedir reconocer aquello en lo que fracasamos o nos quedamos cortos. Tampoco significa dar la espalda a los complejos problemas y desafíos del presente, que se entienden mejor a la luz de un recorrido histórico donde no siempre se tuvo la mejor voluntad y no siempre se controlaron todas las variables en juego.
