Los bienes confiscados por la Fiscalía General de la República (FGR) al exalcalde de San Antonio de la Cruz, Chalatenango, Lucio Edwin Ayala Flores, pasaron a favor del Estado, según ordenó el Juzgado Especializado de Extinción de Dominio
El exedil está preso tras ser condenado a 45 años, en noviembre de 2020, por el Tribunal de Sentencia de Chalatenango acusado de tráfico ilícito de drogas y tráfico ilegal de personas.
Desde que inició este proceso judicial en contra de Ayala Flores, la Fiscalía ha solicitado que 12 inmuebles, siete vehículos, seis caballos y 82 cabezas de ganado con un valor aproximado de $616,577.51 sean entregados al Estado. Estos bienes, según la acusación fiscal, provienen de actividades ilícitas relativas al tráfico de drogas y tráfico ilegal de personas, estas últimas acciones provenientes de señalamientos de víctimas a quienes les prometieron llevarlos a Estados Unidos de forma ilegal entre los años 2007 y 2015.
“El fallo es estimatorio a favor del Estado; el señor ha estimado por incremento injustificado en todos los bienes que la representación fiscal invocó referentes a inmuebles, vehículos y semovientes”, explicó la fiscal del caso.
Durante la audiencia de hoy, el Ministerio Público presentó las pruebas sobre la ilegalidad de cómo fueron obtenidos estos bienes los cuales están a nombre del exalcalde, así como de Gerardo Antonio Flores, Julio Mejía Melgar y María Natividad Castillo. El caso fue investigado por fiscales de la Unidad de Extinción de Dominio. En el proceso por el cual fue condenado se estableció que, según investigaciones fiscales, el exalcalde, junto a otras personas, que también fueron condenadas, formaron una estructura delincuencial dedicada al comercio y distribución de marihuana y cocaína a través de «puntos ciegos» fronterizos “no vigilados” entre Honduras y Chalatenango.
Ulises del Dios Guzmán, defensor de Ayala Flores, aseguró que la resolución del juzgado especializado es “inconstitucional, ilegal, arbitraria”.
Agregó que “no se acreditaron delitos, reconoce que no hubo ingreso ilícito proveniente de delito, reconoce que no hubo compra de los inmuebles con dinero de los ilícitos que no comprobaron y sin embargo, extinguen los bienes”.
