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Ayer robé, hoy exploto y mañana venderé

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Por Wilmar Harley Castillo Amorocho

Administrar los conflictos no es lo mismo que solucionarlos. La primera acción se refiere a usar, distribuir y gastar la plata que se tengan a la mano para sacar un provecho, principalmente económico; la segunda acción aborda las causas del conflicto y se construye la solución acorde a los actores, intereses y contextos en los que vive el conflicto para que no se repita. Tanto el primero como el segundo no garantiza que jamás aparezcan problemas al solucionar, sino por el contrario, estos aparecen en el siguiente momento creado después de la solución. Sin embargo, considero que los dos caminos tienen fines a largo plazo muy diferentes, el primero posterga las causas del conflicto y el primero los aborda (aunque la historia de Colombia no sea ejemplo de esto).

Ahora que se publicó el acuerdo entre el gobierno nacional y la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN) que habla de comprarle directamente al segundo tres millones de hectáreas que serán entregadas a las comunidades rurales por medio del Fondo Nacional de Tierras, como parte del proceso de construcción de la Reforma Agraria Integral (RRI), estipulado en el punto 01 del acuerdo de La Habana. Esta organización que reúne a gran parte de los ganaderos colombianos se ha caracterizado por sus posturas de derecha, vínculos con el paramilitarismo y férrea oposición a políticas e intereses “opuestas” a su forma de vida latifundista. De hecho, el acuerdo de La Habana hizo parte de sus ataques durante su desarrollo y posterior implementación que no se dio completamente.

El acuerdo denominado “Acuerdo para la materialización de la paz territorial. Compra directa de tierras para la construcción de la Reforma Rural Integral” tiene algunos puntos que llaman la atención y en este nuevo artículo quisiera compartirlas para invitar a la reflexión sobre el asunto de las tierras y los territorios no solo en Colombia, sino en Nuestra América y el mundo. Así que, el primero de ellos es el choque de trenes en la primera consideración del documento que se refiere a cambiar paradigmas dentro de una Constitución y una ley vigente. Los cambios de paradigmas en la historia de la humanidad parte de sobrepasar los marcos jurídicos vigentes de los países, transformándolos en nuevos paquetes normativos que expresan la nueva forma de ver la vida. Ya que se habla en términos de leyes, recuerdo como la revolución mexicana (1910-1917) y las dos revoluciones rusas (1905 y 1917) posicionaron el enfoque colectivo de los derechos humanos que sobrepasaron la estrecha perspectiva individualista, igualitaria y liberal que las revoluciones norteamericana y francesa crearon.

Si se trabaja dentro de la actual Constitución colombiana, lo que habrá será la reproducción del paradigma de reproducir la división internacional del trabajo de suministrar materias primas a las potencias capitalistas, privatización del sector público, fortalecimiento militar del Estado y saqueo/destrucción de los bienes comunes, conocido como neoliberalismo.

El segundo detalle que identifico en el documento es la pretensión de convertir a Colombia en “potencia agroalimentaria” aprovechando las “ventajas comparativas, la ubicación frente a los mercados, la disponibilidad de tierras y la condición de potencia hídrica y biodiversa. Al resaltar esas condiciones, pareciera que la dirección para esa potencia agroalimentaria imaginada es la de ser una tienda de calidad ante los compradores internacionales que se interesen en la comida y bienes comunes que tenemos como el agua dulce, el petróleo, la tierra cultivable, la madera, el oro y un largo etcétera que se suma al cobre y al coltán que yacen debajo de la tierra de Nuestra América. (1)

Aquí pego el tercer tema y es sobre el sector extractivo, pues en la consideración número 12, exponen de manera optimista que los Sistemas Silvopastoriles Intensivos (SSI) son una opción que responde a la compensación ambiental del sector extractivo que afecta directamente a la naturaleza y comunidades donde imponen sus mega-proyectos. El optimismo continúa también cuando argumentan que los SSI multiplicarán las opciones para el desarrollo rural en los predios ubicados para la compensación ambiental de la industria extractiva; pretendiendo de esta forma lograr la coexistencia de mega-proyectos extractivos y RRI separados por una cerca.

Por otro lado, uno de los acuerdos a los que llegó el gobierno nacional fue el de facilitar la participación de las organizaciones campesinas, indígenas y afrocolombianas en los territorios priorizados, pero no específica el tipo y los límites de la participación de estos pueblos organizados, teniendo en cuenta que existen territorios donde se instalaron mesas de interlocución con los gobiernos locales, conformadas por estas organizaciones sociales; también se tiene el precedente de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular (2) cuyos acuerdos incumplidos tienen expresión nacional y departamental. Entre ese paquete de acuerdos, está uno que aborda los conflictos entre las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas que no logró terminarse, dejando territorios y comunidades por reunir y dialogar, quedó información por obtener y analizar y los conflictos abordados no pudieron ser resueltos, sumándole a ese espinoso tema la necesaria reactualización de los conflictos porque las reuniones en las que logré participar se hicieron en el 2018.

En lo que concierne a FEDEGAN, básicamente se compromete a vender los tres millones de hectáreas, ayudando a encontrar las tierras aptas jurídicamente, productiva y ambientalmente, se compromete también a brindar asistencia técnica, tecnología y extensión agropecuaria (3) como también a proponer los enfoques de “ganadería sostenible” y las rutas que permitan aplicar dichos enfoques entre la comunidad receptora de estos acuerdos. De esto veo dos problemas que a largo plazo pueden perpetuar el conflicto de la tenencia de la tierra y la permanencia en el territorio.

Por un lado, la forma de vida que representa FEDEGAN es la de ver y tratar a la naturaleza como una empresa, no ven seres vivos sino recursos con vida que pueden explotarse sin límite alguno para acumular riquezas. Así mismo, a las comunidades se les trata como empleados, por ende, la mentalidad que se reproducirá entre las comunidades receptoras será la misma de FEDEGAN, con la diferencia sustancial que la federación no permitirá que aparezcan “competidores” de su “mismo nivel”.

Por otro lado, esta posible base social ganadera chocará con las formas de vida de las comunidades rurales que apuntan en dirección contraria con la Agroecología, Soberanía alimentaria, Territorios Campesinos Agroalimentarios, Zonas de Reserva Campesina, Resguardos Indígenas, Territorios Colectivos y otras territorialidades que se distancian del lucro a costa de la destrucción de la naturaleza. Con estas dos últimas consideraciones y todo lo anterior, pareciera que el compañero presidente Gustavo Petro está administrando un conflicto y no resolviéndolo desde la raíz.

Ñapa: El colega y amigo José Dalton me sugirió hacer un artículo sobre un escándalo de corrupción vigente que involucra a los bienes incautados a la mafia colombiana, pero no concuerdan con el inventario que tiene la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Aunque no fui capaz de abordar el tema, puedo complementar con que el actual presidente de FEDEGAN, José Félix Lafourie, pone su cuota en la larga lista de casos de corrupción que aceitan la maquinara estatal colombiana.

El ganadero tiene una sanción disciplinaria por nombrar personas de su rosca para favorecer a políticos y magistrados cuando pasó por la Contraloría General de la Nación. Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar y Benito Osorio, exdirector del Fondo Ganadero del departamento de Córdoba, mencionan que Lafourie se reunió con paramilitares para recomendar a Mario Iguarán como fiscal general de la nación, quién estuvo en ese cargo entre el 2005 y el 2009.(4)


Nota:

  1. https://desinformemonos.org/colombia-necolonizacion-con-sello-progresista/
  2. Es la plataforma que reúne a organizaciones campesinas, indígenas y afrocolombianas con apuestas y propuestas comunes de nación, que vió la luz en el 2014 gracias a las movilizaciones nacionales de estos sectores que desde el 2013 iniciaron primeramente en rechazo a las políticas agrarias del régimen de Juan Manuel Santos. El 12 de junio de 2016 se firman diez actas y una general entre las vocerías de la CACEP y los ministros de Interior, Agricultura, Medio Ambiente, viceministro del Interior, viceministro de Energía, presidencia de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, dirección de la Unidad de reparación integral de víctimas, viceministro de Desarrollo Rural, dirección de la Agencia Nacional de Tierras, entre otros funcionarios del gobierno nacional.
  3. (Artículo 24 ley 1876 de 2017): Servicio Público de Extensión Agropecuaria. La extensión agropecuaria es un bien y un servicio de carácter público, permanente y descentralizado; y comprende las acciones de acompañamiento integral orientadas a diagnosticar, recomendar, actualizar, capacitar, transferir, asistir, empoderar y generar competencias en los productores agropecuarios para que estos incorporen en su actividad productiva prácticas, productos tecnológicos, tecnologías, conocimientos y comportamientos que beneficien su desempeño y mejoren su competitividad y sostenibilidad, así como su aporte a la seguridad alimentaria y su desarrollo como ser humano integral. Tomado de https://www.adr.gov.co/atencion-y-servicios-a-la-ciudadania/extension-agropecuaria/
  4. https://cambiocolombia.com/articulo/poder/companero-jose-felix

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Wilmar Harley Castillo
Wilmar Harley Castillo
Comunicador social, especialista en Política Pública para la Igualdad; comunicador de la Coordinadora Nacional Agrario de Colombia. Columnista y comunicador de ContraPunto

El contenido de este artículo no refleja necesariamente la postura de ContraPunto. Es la opinión exclusiva de su autor.

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