El diputado del partido ARENA, Rodrigo Ávila, consideró este viernes en una entrevista matutina que la organización de ciudadanos y comunidades para defender su territorio funcionaría únicamente en lugares donde no hay estructuras de pandillas, o donde ya hayan sido liberados de estos grupos delictivos.
“El primer paso es liberar territorios de las pandillas. Hemos propuesto un registro de cada pandillero, de cada alias y de cada pandilla de las comunidades porque si no se sabe con quién se está tratando, al final le puedes entregar un arma a un padre de pandillero que será coaccionado por su hijo; o puede entregar armas al hermano de un pandillero que luego esas armas terminarán en las pandillas”, dijo Ávila
De acuerdo al diputado, solo 35 de los 262 municipios no poseen ningún tipo de estructura criminal, es decir, existen pandillas en e el 85 % del país, y atemorizan a la población para no denunciar y mucho menos defenderse.
El parlamentario sugiere que el Estado recupere los territorios y realice un registro de cada miembro de pandillas, el grupo al que pertenece y sus colaboradores para que las leyes sean aplicadas de manera focalizada, y una vez recuperado el territorio, entregarlo bajo supervisión policial a comunidades organizadas para su defensa y evitar que nuevamente la zona vuelva a “contaminarse” de pandillas.
Rodrigo Ávila quien además ha sido director de la Policía Nacional Civil (PNC), dice que la PNC ya cuenta con un archivo minucioso de cada integrante de pandillas y sus características, sin embargo, considera que es necesario formalizar ese archivo para que leyes como la Proscripción de pandillas y delitos como las asociaciones ilícitas sean aplicados, y no queden a criterio de un juez con riesgo de dejar en libertad a acusados por simples tecnicismos.
“Proponemos el registro nacional de pandillas y sus colaboradores para que lo administre la Fiscalía, lo alimente la PNC, y que se evite incluir en esta lista a gente de manera arbitraria para saber quién es y quién no es pandillero o colaborador”, sostuvo Ávila.
Además señaló que países como Colombia, Estados Unidos o Francia, ya cuentan con registro de esta categoría y han logrado tener un control exitoso de las estructuras delincuenciales. “Uno de los éxitos de Colombia para combatir el crimen organizado es que tienen un registro y con eso lograron desmontar a los paramilitares y autodefensas. Pero si aquí no hay registro, no sabes a quién aplicar leyes o reinserción”.
Ávila además planteó ejemplos como los que se desarrollan en comunidades de los Estados Unidos. “Yo estaría de acuerdo con una ida de como la de las Policías auxiliares voluntarias pero no se les deja como una autoridad solitaria, sino que se vigila desde la institucionalidad”.
Por su parte el diputado del FMLN, Calixto Mejía, consideró que el país comienza a transitar en la ruta correcta con respecto a la seguridad, a partir de las medidas que el Gobierno y la Asamblea Legislativa impulsan, y que se debe analizar la forma de recuperar territorios y darle confianza a la población.
“Hay que discutir sobre cómo generar un nivel de participación de la comunidad organizada, y si primero se recuperará territorio, también debemos discutir cómo lo haremos”, y sentenció “la fuerza que tienen los ciudadanos es una fuerza poderosa”.
Asimismo Calixto Mejía afirmó que en este esfuerzo es importante que todos los sectores sociales colaboren, e hizo un llamado especialmente a la empresa privada para que pague impuestos y genere los recursos para el tema prioritario de la seguridad.
“En los últimos años hay un registro de $17, 525 millones de dólares de evasión fiscal por parte de algunos empresarios. Con ese dinero no tendríamos necesidad de los $900 millones que tiene retenidos la Corte Suprema de Justicia”, señaló Mejía, quien además es miembro de la Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa.
Rodrigo Ávila anunció que este viernes se discutirían al interior de la Comisión de Seguridad y combate a la Narcoactividad las propuestas de seguridad que ha presentado la Fiscalía General de la República, entre las que destacan la creación de nuevas tipologías de delitos, creación y reforma de leyes e incremento de penas a delitos ya existentes.
