El paquete de reformas a la Ley de regulación de servicios de información de historial crediticio, fue aprobado el martes por parte de la Asamblea Legislativa.
Entre las medidas que establece la normativa se encuentra, un plazo de solo 7 días para que las agencias de historial crediticio den el finiquito y pasen a actualizar en 15 días la información de los consumidores.
Además, incluye el incremento de las sanciones en hasta 800 salarios mínimos, esto es un poco más de US$200,000 a quien infrinja la ley.
Otro aspecto que destacó el diputado Romeo Auerbach es que las empresas de historial crediticio debe sacar de la categoría de moroso en los siete días siguientes a que haya cancelado la deuda por la que se encontraba en esa clasificación. Actualmente, el plazo para salir de esa categoría es de un año.
Además destacó que hasta ahora solo existían las faltas consideradas graves y con sanciones muy pequeñas.
“En el plazo de siete días hábiles, después de cancelado totalmente un crédito, el agente económico deberá extender el finiquito y a su vez informará a la Agencia de Información de Datos (AID) para que proceda con la actualización de datos”, dice parte de la reforma.
Entre las faltas consideradas “graves” por las reformas están desatender solicitudes de rectificación de datos, mantener información en lugares inseguros, transmitir datos de clientes que no sean exactos o veraces y no remitir la actualización de datos en el tiempo estipulado.
Los burós de historial crediticio podrán ser sancionados con multas de entre 100 a 400 salarios mínimos y hasta 600 salarios mínimos si la afectación es colectiva.
“Ahora esta ley si responde a los derechos de los salvadoreños. No vamos a permitir abusos de los burós de récord crediticio”, dijo Dania González, quien preside la comisión financiera.
La reforma avalada agrega ahora las faltas “muy graves”, las cuales incluyen obtener datos de forma engañosa y la fuga de información por falta de controles de las empresas.
Incurrir en esas faltas acarreará sanciones de entre 120 a 600 salarios mínimos o hasta 800 si la afectación es colectiva.
Las reformas también ordenan la creación de 14 oficinas a nivel nacional para que las personas puedan checar su historial crediticio y un usuario y contraseña para que cada persona pueda revisarlo en internet.
Las reformas también otorgan más facultades a la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) para que fiscalice a los agentes crediticios. Por ejemplo, los auditores de la SSF podrán hacer visitas a estas agencias al menos cada tres meses sin previo aviso o cuando lo consideren.
