En medio del ruido que ha generado las declaraciones de Merlano en Caracas, por los vínculos de las mafias Gerlein y Char con ella, junto al Partido Conservador, Uribe y Duque, cuyas intenciones de asesinarla no es nada extraño entre los ricos colombianos. Hay otro acontecimiento que nos deja mal parados, una vez más, ante el mundo; la comunidad excombatiente del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) del municipio de Ituango (norte de Antioquia) por amenazas y asesinato de sus miembros.
Desde la firma de los acuerdos de La Habana, se han desplazado 60 personas por amenazas directas y han asesinado a 12 excombatientes en este ETCR. El ultimo hecho que los obligó a tomar la decisión de desplazarse fue el asesinato del excombatiente César Darío Herrera Gómez cuando regresaba de jornalear en una finca cercana, el pasado 28 enero. Es así como 62 desmovilizados y 45 familias (con 40 menores de edad) dejarán este espacio creado para los excombatientes dentro de los acuerdos de La Habana.
Con este triste hecho, continúa el retroceso en materia de paz entre la exguerrilla de las FARC con el Estado colombiano. Desde el régimen de Santos al actual no ha cambiado este paulatino desmonte de un acuerdo que nació muerto y los 178 excombatientes sin vida por las balas anti-paz lo ratifican. Se repite la parte de nuestra historia donde Estado elimina a su contendor después de negociar la tregua.
Estas personas, convencidas de un proyecto político de nación están contra la pared y son pocas las salidas ofrecidas por el modelo económico en sí que enmarca el desarrollo de los acuerdos de La Habana; sumado a la falta de voluntad de los gobiernos nacionales traducidos en recorte presupuestal e incumplimiento de su parte en el acuerdo; sigue alejándose el panorama ideal que estos revolucionarios/as llevan en la cabeza
Sin las armas que utilizaron para defenderse de los ataques de las Fuerzas Militares, paramilitares y mafias, se encuentran desprotegidos por todos los ángulos pues no solo las armas siguen apuntando a sus corazones, también la normatividad vigente empantana el cumplimiento de los acuerdos, haciendo confuso y lento el trámite de los puntos que en los territorios deben operar de la mano con la institucionalidad que le corresponde rodear el posacuerdo. No alcanza este artículo para exponer los problemas que tiene la guerrillerada de las FARC, siendo la muerte de sus miembros el más álgido a mi parecer.
A pesar de esta problemática, que no es exclusiva de las FARC sino del resto de fuerzas políticas y sociales que luchamos en Colombia, se hace obligatorio implementar la consigna de nuestras compañeras feministas: el Estado no me cuida, me cuidan mis amigas. Si no nos cuidamos entre nosotros mismos como pueblos en modo cambio social, mucho menos lo hará el Estado de los ricos.
