La situación para las personas que resultan víctimas de desplazamiento forzado por la violencia, parece que no cambiado sustancialmente.
Si bien, el Plan de Control Territorial impulsado por el Gobierno desde el 20 de junio pasado ha logrado una reducción de los homicidios, las cifras de personas que tienen que abandonar sus hogares por las amenazas de las pandillas e incluso por agentes de seguridad, tiende a aumentar.
David Morales, director de Litigio Estratégico y Celia Medrano, directora Regional de Programas, ambos de Cristosal, dejan claro que una encuesta realizada en 2018 señala que un 5.2% es decir 200 mil personas, cambiaron de domicilio por razones de violencia y esa cifra podría ser más alta.
Para Medrano, lo primero es reconocer la existencia de este fenómeno social; que el Ejecutivo reconozca oficialmente las víctimas y la Asamblea Legislativa que apruebe una normativa, que tenía que estar aprobada en enero de este año, con base a un fallo de la Sala de lo Constitucional.
La indiferencia con las victimas es notoria. “Las victimas sufren, pierden su lugar de residencia, los niños dejan de estudiar y los adultos pierden su trabajo”, manifestó por su parte Morales.
“Hemos registrado aumento, a partir de medidas de seguridad percibimos dos situaciones: movilizaciones de estructuras criminales y un leve aumento de denuncias por abuso de poder (policías y militares)”, recalcó Medrano.
Las víctimas de desplazamiento forzado son las últimas en ser atendidas. Según los registros de Cristosal, las mujeres y sus hijos son los que piden ayuda en el tema de desplazamiento forzado.
El desplazamiento es un impacto de toda la sociedad. Afecta la economía y el comercio, entre otros rubros. Es un fenómeno cambiante que afecta a todas las familias.
“Al no existir programas, no hay salida para este fenómeno del desplazamiento forzado”, señaló Morales.
“No sé escapan ni los policías, un agente migro por la misma situación. No se escapan los que están por mandato para protegernos”, aseguró por su parte Celia Medrano.
No migran, huyen para salvar sus vidas y mientras no se asimile el problema se seguirá criminalizando la migración.
Y es que las condiciones que detonan la migración son los fenómenos que se viven en el país. Una persona tiene derecho a migrar cuando es obligada por condiciones de falta de dignidad y seguridad,
Una persona que fue víctima de desplazamiento por violencia, son personas titulares de derechos y el Estado tiene el derecho de protegerlas. “Deberíamos de tener el enfoque que les fueron violados sus derechos”, precisó Morales.
La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa, tuvo este lunes su habitual reunión y, en la que el punto de agenda es la elaboración de un anteproyecto de ley de personas víctimas por desplazamiento forzado por la violencia.
Abraham Ábrego, coordinador de la Unidad de Litigio Estratégico de Cristosal, y que estuvo escuchando el debate en la instancia, explicó que el Ministerio de Justicia entregará un proyecto de ley que puede ayudar a avanzar en la discusión que se tiene en la comisión.
El ministerio ya referido, creó una comisión interinstitucional con una estructura o contenido diferente al que tienen los diputados. También lleva un registro de víctimas y por último el financiamiento.
Una vez se comience a trabajar sobre el proyecto que tienen los políticos y el del Ministerio de Justicia cuando lo presente al Palacio Legislativo, se espera que se acelere el trabajo y se pueda contar al final con un proyecto de ley.
