Redacción de ContraPunto
La reciente exposición del testimonio del coronel estadounidense John McKay, revelado durante el juicio, ha marcado un punto decisivo en el caso del asesinato de los cuatro periodistas holandeses ocurrido en 1982. La información fue presentada por Pedro Cruz, director de la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU) y abogado del caso, durante un foro de la III Semana de la Memoria Histórica organizado por la UCA.
Según Cruz, la declaración de McKay —quien fungía como agregado naval de Estados Unidos en El Salvador durante la guerra— reforzó la tesis de que el crimen no fue un hecho fortuito del conflicto armado, sino un operativo planificado. Los periodistas Koos Koster, Hans ter Laag, Joop Willems y Jan Kuiper habían documentado violaciones a derechos humanos en el país, causando “incomodidad” al Gobierno salvadoreño de la época.
El funcionario estadounidense, primero en llegar a la escena del crimen, reveló que los comunicadores fueron seguidos desde México por inteligencia militar salvadoreña debido a su trabajo periodístico, considerado una amenaza para el régimen. “Ellos venían siendo seguidos… eran un objetivo”, afirmó Cruz al citar el testimonio de McKay.
El abogado añadió que esta versión se fortaleció con un peritaje especializado en doctrina militar, el cual explicó cómo la Fuerza Armada clasificaba como “enemigo interno” a todo actor que, a su juicio, afectara sus intereses estratégicos o su relación con Estados Unidos. Los reportajes de los periodistas holandeses sobre violaciones de derechos humanos ponían en riesgo el apoyo militar norteamericano, generando tensiones políticas en el Congreso de ese país.
Con este contexto, la emboscada en Santa Rita, Chalatenango, adquiere una lógica más clara: “Cuando los periodistas fueron a terminar su reportaje se entiende más fácil por qué fueron ametrallados”, concluyó Cruz.
El juicio, realizado más de 43 años después del crimen, concluyó con una sentencia de 30 años de prisión contra el excoronel Mario Adalberto Reyes Mena, el exministro de Defensa José Guillermo García y el exdirector de la Policía de Hacienda Francisco Antonio Morán. El Código Penal aplicable en aquel entonces contemplaba la pena de muerte para el delito de asesinato, pero esta fue eliminada por la Constitución vigente.
Este caso se convirtió en el primer crimen de guerra del conflicto armado salvadoreño en llegar a vista pública por la vía penal, marcando un precedente histórico para la justicia transicional en El Salvador.
