Un día intenso se vivió este martes en la Asamblea Legislativa a horas de que venza el plazo que le dio la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que el Primer Órgano de Estado aprobara la Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional.
Todo apuntaba desde hace meses, a que los diputados no cumplirían con lo que mandató el tribunal constitucional en el 2016, al declarar inconstitucional la Ley General de Amnistía de 1993 y sentenció que los parlamentarios tenían que aprobar una normativa apegada a la verdad, a la justicia, a la reconciliación y al compromiso de no repetición de crímenes de lesa humanidad.
La subcomisión política que se formó para tal fin, trabajó sobre la base de dos propuestas. Una presentada por las organizaciones sociales y respaldada por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y Cambio Democrático (CD); y otra que apoyan los partidos de derecha Alianza Republica Nacionalista (ARENA), Partido de Concertación Nacional (PCN) y Partido Demócrata Cristiano (PDC).
En un afán por tratar de salir a tiempo y ver de qué forma no se caía en incumplimiento, el diputado pecenista y presidente de la Asamblea, Mario Ponce, convocó desde el lunes a la Comisión Política, que ya tenía el informe de la instancia especial. Ante la falta de acuerdos entre las dos fuerzas mayoritarias, Ponce dejó abierta la comisión y este día se volvieron a reunir.
Esta vez, el presidente del congreso llevaba una propuesta. En virtud de la sentencia emitida por la Sala el 13 de junio de 2016, en la que declaró inconstitucional la Ley de Amnistía, así como la sentencia de seguimiento del 13 de julio de 2018, en la que estableció que se debía de emitir una Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional, a más tardar el 13 de julio de este año, “fecha improrrogable”.
Pero el 12 de julio se concedió una prórroga de 120 días, misma que fue notificada mediante oficio 1138, en el que se amplió el plazo para aprobar la citada ley, venciendo el 13 de noviembre, es decir, mañana.
Pero los diputados una vez más dijeron que el plazo era insuficiente para llegar a acuerdos los grupos parlamentarios, especialmente ARENA y el FMLN; y para evitar caer en incumplimiento de la sentencia de la Sala, se acordó pedir una nueva prórroga de 150 días (5 meses), a fin de analizar minuciosamente las dos propuestas que se tienen en estudio. Se refiere a la “Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional”, una versión de 2019; y el proyecto de “Ley Especial para la Reparación Integral y Acceso a la Justicia para las Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos en el contexto del conflicto armado (1979-1992), versión de octubre de este año.
Cabe mencionar que el 28 de mayo pasado, el Laboratorio de Investigación y Acción Social Contra la Impunidad presentó un escrito ante la Sala de lo Constitucional para pedir una prórroga para la aprobación de una nueva ley de reconciliación en la Asamblea Legislativa. La propuesta es la de ampliar el tiempo hasta el 13 de diciembre. En octubre la misma entidad volvió a solicitar una prórroga para la Asamblea Legislativa.
La iniciativa de Ponce fue aprobada por 8 votos en la Comisión Política y posteriormente se convocó a sesión extraordinaria.
Comienzan los problemas
Ya en el pleno, se dio lectura al punto único. La propuesta del presidente de la Asamblea que fue sometida a votación logrando apenas el apoyo de 30 diputados; insuficientes pues se requiere de 43. Fue en ese momento, que los diputados de todos los grupos parlamentarios comenzaron a opinar.
El diputado de ARENA, Ricardo Velásquez Parker, adelantó que no apoyaba la idea de Ponce y consideró a la Asamblea incapaz de resolver lo que la Sala le había demandado cumplir y eso, va en detrimento de la seguridad jurídica.
“Esto no abona a mejorar la imagen de la Asamblea Legislativa que ha demostrado incapacidad y estamos demostrando que somos irresponsables”, recalcó.
Nidia Díaz, jefa del grupo parlamentario del FMLM, recordó que este es un tema que tiene una connotación nacional por las familias que resultaron afectadas en el conflicto armado.
Cree que se pudo haber hecho más énfasis en la situación de las víctimas que de la de los imputados. “Si vamos a hacer una cosa, que sea una solución que lleve a la reconciliación, como dice la sentencia”.
Juan José Martel de Cambio Democrático (CD), reconoció que estaban listos para votar, pero por la propuesta de las organizaciones sociales, y no por la de los partidos de derecha.
“Pero el problema no es ese, sino el de buscar una propuesta de consenso en la cual podamos resolver los distintos intereses que tenemos, por eso es conveniente solicitar la prórroga que nos permita abrir un debate franco”, señaló.
Raúl Beltrán Bonilla del PCN coincidió de que el tema es difícil, con muchas aristas en donde se ha hablado de las víctimas y los parámetros que estableció la Sala y la complejidad que tiene la sentencia, que dicho sea de paso habla de responsables.
“Aquí hay partidos involucrados, financistas, asesores involucrados, por lo que se trata de una ley de reconciliación, y no de una para regir un proceso que va a estar hasta el final de los siglos. Hay que resolver un problema y por eso también estamos en la lógica de pedir la prórroga”.
Al final, como ya se dijo, la idea de pedir 5 meses propuesta por Ponce no fue respaldada y se decantaron por la del diputado arenero y abogado constitucionalista René Portillo Cuadra, que sugirió ampliar el plazo a la Sala, pero que sean los magistrados quienes decidan el tiempo. “Si dan dos días ni modo, si dan 5 meses que bien”, precisó el parlamentario.
Lo que sí está convencido es que la Asamblea a partir de las cero horas de mañana cae en desacato y eso, es un mal mensaje.
Pero Ponce tiene fe de que la Sala hoy o a más tardar mañana resuelve. Puede que exista un acuerdo político para que esté tan seguro de eso.
Afirmó que la nota fue enviada hoy mismo una vez terminada la plenaria extraordinaria a la Corte Suprema de Justicia para que, les responda el miércoles y no caigan en desobediencia.
En horas de la mañana de este día, la Mesa Contra la Impunidad en El Salvador, el Grupo Gestor por una Ley Integral de Reparaciones y la Comisión de Trabajo Pro-Memoria Histórica, denunció que los diputados lo que querían era aprobar una amnistía disfrazada, en otro intento por bloquear la justicia y beneficiar a los responsables de cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad durante el conflicto armado.
La propuesta de los legisladores repite vicios de sus propuestas anteriores, ya denunciadas a escala nacional e internacional. Por ejemplo, abre las puertas a la arbitrariedad, pues pretende otorgar la autoridad de “cosa juzgada material” a cualquier tipo de decisiones, no solo los fallos judiciales definitivos.
De esta manera, cualquier decisión administrativa fiscal, negando acceso a la justicia para las víctimas se volvería inmutable. Por eso rechazaron la idea de los diputados de proteger a los victimarios, al aprobar una amnistía contraria a la sentencia de inconstitucionalidad.
Los diputados pretendían aprobar una normativa de 40 artículos que, para la sociedad civil, el FMLN y CD, no cumple con la sentencia de la Sala de lo Constitucional.
LEA LA LEY QUE SE APROBARÍA:
https://drive.google.com/file/d/1C6RdrZOFQCLSsNeFLQ3rSJVKFmHRKqWN/view?usp=sharing
