Los decretos de retiro voluntario en la Asamblea Legislativa no son nada nuevos. Para estos días quieren aprobar uno para bajar hasta donde se pueda la cantidad de empleados.
El problema que ocurre en el Palacio Legislativo es que, cuando asume la presidencia un diputado, hace contrataciones que exceden la capacidad presupuestaria.
En el 2009, la Asamblea tenía 780 empleados. Diez años después sumaban 2,440; entre estos 500, que asegura el diputado de ARENA Norman Quijano contrató Guillermo Gallegos de GANA cuando estuvo al frente de la presidencia.
El Portal de Transparencia de la Asamblea, detalla que al 31 de octubre de 2019 en el área institucional había 1,113 empleados; y personal de grupos parlamentarios asciende a 1,254 (para 84 diputados), totalizando 2,367.
Cuando el arenero Quijano asumió la presidencia de este Órgano de Estado, el 1 de mayo de 2018, una de las primeras medidas que aplicó fue el despido de 142 empleados que fueron contratados en los últimos cinco meses por su predecesor Gallegos. Con ello, se estaba ahorrando el Órgano Legislativo $1.8 millones al año.
De hecho, hace un par de días el periódico digital El Faro publicó una investigación que revela que Gallegos contrató al menos a 11 parientes entre los años 2006 y 2018. El diputado en mención fue presidente de la Asamblea de noviembre de 2016 al 30 de abril de 2018; luego asumió Quijano.
A pocos días de iniciar su gestión en la presidencia, el arenero denunció las contrataciones que hizo el diputado de GANA en el último mes de su administración (abril). “Gallegos hizo la cochinada de contratar 35 personas antes de irse”, reclamó.
Advirtió también que la junta directiva debía solicitar a Hacienda nuevamente el refuerzo de $1.5 millones para el pago de cánones de arrendamiento, dado que diputados y su personal de apoyo fueron trasladados, unos al centro comercial Loma Linda, calle Arturo Ambrogi en colonia San Benito, la 1ra calle poniente en la colonia Escalón y el centro comercial Las Azaleas, en la colonia San Benito. Por ello, erogaba la Asamblea $70,000 al mes, o sea $840,000 al año.
El arenero aseguró que el problema de las finanzas se podía resolver si GANA y el PCN reducían el exceso de contrataciones de personal, $2.3 millones y $2.5 millones respectivamente. Al final de su mandato el 31 de octubre del año pasado, Quijano se lavó las manos y afirmó que dejaba las finanzas limpias.
Y luego volvió a arremeter contra Gallegos. “Llegaba poco a las sesiones de junta directiva y en la última reunión en la que solicité que llegaran todos para explicarles en qué situación quedaba el presupuesto, no llegó, ni tampoco el diputado Mario Ponce y fue en esa sesión que se informó cómo quedaban los estados financieros”.
El diputado de GANA no se quedó callado. “Yo lo dejé el presupuesto bien y lo confirmó Gino Bettaglio, exgente Financiero de la Asamblea, quien aclaró que había que aumentar el presupuesto en al menos dos millones de dólares adicionales para pagar salarios.
Añadió que Quijano lo que hizo fue contratar personal y aumentar salarios; y aparentemente la planilla de ARENA no está llena, pero eso es porque él pasó a casi 70 personas de la planilla de su partido al área institucional.
El Primer Órgano de Estado en 2019 operó con un presupuesto de $58.3 millones más un refuerzo de $1.5 millones. Para el presente ejercicio fiscal tiene asignado el mismo monto, pero sin el referido refuerzo de plan de gastos; y es aquí donde comienza el presidente, Mario Ponce, del Partido de Concertación Nacional (PCN) a buscar una solución.
A mediados de noviembre, se reunió con el presidente Nayib Bukele, que le ofreció en comodato por dos años las instalaciones del Ministerio de Trabajo que están en el Centro de Gobierno y las del Fondo Solidario de la Familia, en lo que la Asamblea hace las reparaciones en los edificios. Ahí serán albergados los diputados de ARENA y el FMLN junto con su personal administrativo.
El dinero que era utilizado para alquiler, será destinado para la compra de medicamentos para el hospital Benjamín Bloom o para el hospital Rosales.
Ponce hoy apela a que empleados se acojan al decreto de retiro voluntario. “Esperamos que un buen número de empleados institucionales se amparen al decreto; las plazas quedarán congeladas. Yo propuse que por cinco años, pero algunos directivos dicen que debe ser solo para dos años”.
El diputado pecenista indicó que si se desea reducir la carga burocrática de la Asamblea hay que hacerlo con disciplina, pues de nada sirve que se retiren 200 empleados y luego contratan la misma cantidad o más.
“Yo espero que el mínimo de personal que se acoja al decreto sean cien, si fueran doscientos mejor y si se van más sería excelente”.
La única área que quedaría abierta a contratación temporal es la de servicios generales; personal que se encarga de trasladar mobiliario de las oficinas, así como albañiles, carpinteros, electricistas, entre otros.
