La Asamblea Legislativa aprobó la Ley Anticorrupción, una normativa impulsada por el Ejecutivo que busca “prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de corrupción en el ejercicio de la función pública”. La legislación fue aprobada con 59 votos a favor, contando con el respaldo de todas las fracciones, excepto el partido Vamos.
Uno de los principales cambios introducidos por la ley es la obligación de los funcionarios públicos de presentar anualmente un “Informe de Activos y Pasivos” ante el Ministerio de Hacienda, documento que será accesible al público. Esta medida entrará en vigor con la declaración de renta de 2025 y, según el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, aquellos que no cumplan con esta disposición podrán ser destituidos.
Para garantizar la implementación de la ley, se creará el Sistema Nacional Integrado Anticorrupción (SINAC), conformado por 12 instituciones estatales, entre ellas la Fiscalía General de la República, el Ministerio de Seguridad, la Policía Nacional Civil, la Corte de Cuentas y el Órgano Judicial. Este sistema coordinará estrategias para la detección y sanción de actos de corrupción en el sector público.
