La Comisión Política de la Asamblea Legislativa de El Salvador emitió un dictamen favorable para la aprobación del anteproyecto de la “Ley Anticorrupción”. Esta iniciativa busca fortalecer el marco legal, aumentando penas y estableciendo nuevas medidas contra delitos relacionados con la administración pública.
Casos de corrupción serán imprescriptibles
Uno de los puntos más relevantes de la reforma es la catalogación de diversos casos de corrupción como “imprescriptibles”, lo que significa que estos delitos podrán ser perseguidos sin importar el tiempo transcurrido desde su comisión. Esta medida busca garantizar que los actos de corrupción no queden impunes.
Durante la sesión de estudio, el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, expresó su apoyo a la iniciativa, destacando la importancia de actualizar el marco legal para enfrentar estos delitos de manera más efectiva.
Aumento de penas y nuevas sanciones
El anteproyecto de ley contempla incrementos en las penas de prisión para delitos como:
- Corrupción activa: Quienes ofrezcan dádivas a funcionarios públicos enfrentarán penas de seis a diez años de prisión.
- Tráfico de influencias: Será sancionado con seis a nueve años de cárcel, especialmente si el infractor tiene vínculos con la administración pública.
- Peculado: La pena mínima será de seis años de prisión.
- Enriquecimiento ilícito: Tendrá sanciones más severas, con penas de cinco a quince años de prisión.
Además, se incorporarán nuevas figuras delictivas, como el ocultamiento de bienes obtenidos mediante corrupción, lo que permitirá a la Fiscalía General de la República (FGR) recuperar fondos desviados.
Protección a denunciantes y medidas preventivas
La reforma también establece medidas de protección para quienes denuncien actos de corrupción, sancionando a quienes intenten tomar represalias contra ellos. Según el fiscal Delgado, esta normativa proporcionará herramientas más efectivas para el trabajo de la FGR y la Policía Nacional Civil (PNC).