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sábado, 27 de noviembre del 2021

Asamblea incumplió mandato de la Sala de lo Constitucional

La CIDH se reunió este miércoles con magistrados de la Corte Suprema de Justicia y diputados de la Asamblea Legislativa; esta última, con dos desacatos (desobediencia a la autoridad), por no aprobar la Ley de Desplazamiento Forzado por la Violencia y la Ley Especial de Justicia Transicional y restaurativa para la reconciliación nacional.

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Han pasado 32 años, desde la última vez que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), visitó el país. La primera vez fue en 1978 y la segunda en 1987, una visita “in loco” (término que utiliza la CIDH para constatar las causas que afectan los derechos individuales de las personas en los países que forman parte de la Organización de Estados Americanos).

En julio, el Estado salvadoreño solicitó la presencia del organismo para que constatara la situación de los derechos humanos. La visita comprendió del 2 al 4 de diciembre.

La instancia internacional desde su llegada se ha reunido con diferentes sectores del país; y tal como le respondió a ContraPunto la vicepresidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, recopilarán información para elaborar un informe preliminar y posteriormente final, en el término de un año para dar sus recomendaciones.

Este miércoles, la comisión tuvo un encuentro preliminar con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Fueron los magistrados de la Sala de lo Penal, quienes recibieron primero a los representantes de la CIDH.


El organismo internacional, se mostró satisfecho ante los avances realizados por la referida Sala, con la incorporación de la perspectiva de género a escala institucional y la actualización de protocolos en dicho tema.

En ese contexto, la magistrada Doris Luz Rivas Galindo, manifestó que “estamos trabajando con varios sectores de la sociedad para evaluar la ruta a tomar con enfoque de género en el acceso a la justicia, vinculado a la prevención de la violencia en contra de las mujeres, niñas, niños y adolescentes”.

Mientras, el presidente de la Corte Suprema, Armando Pineda, dijo que la reunión de la CIDH con autoridades del Órgano Judicial representa un paso adelante en la verificación y conocimiento de la aplicación de la justicia en el país.

Como uno de los puntos iniciales se abordó detalles de la Sentencia sobre desplazamiento forzado. (Amparo 411-2017), ampliando sobre el estado y detallando los avances en el cumplimiento de la misma.

La Sala de lo Constitucional de la CSJ también recibió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con quienes abordarán temas concernientes al estado de los derechos humanos en El Salvador.

Pero en la Asamblea Legislativa fue otro el panorama. El primer Órgano de Estado en aprobar leyes, particularmente en materia de derechos humanos, se ha quedado rezagado.

La Ley de Reconciliación Nacional, protección de migrantes, libertad de expresión y  protección  a periodistas, derecho económico, Ley de Agua, prevención de libertad y tratados contra la tortura, proyecto de Banco Genético y desplazamiento forzado por la violencia; fueron  los temas de interés de la CIDH en el Congreso.

En la reunión que se extendió por casi dos horas, estuvieron los diputados de las Comisiones de Seguridad Pública, Mujer e Igualdad de Género, Relaciones Exteriores, Legislación y Puntos Constitucionales y finalmente Justicia.

El presidente de la Asamblea Legislativa y diputado del Partido de Concertación Nacional (PCN), Mario Ponce, anunció que solicitó el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de los Estados Americanos (OEA), para buscar una ley de reconciliación justa.


La Comisión Especial para presentar un dictamen al pleno sobre la Ley Especial de Justicia Transicional y restaurativa para la reconciliación nacional, no cumplió con la fecha mandatada por la Sala de lo Constitucional, que venció el 13 de noviembre,

Hoy, la Sala notificó a la Asamblea que le otorgaba hasta el 28 de febrero de 2020 para la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía.

En resumen, los magistrados le dan directrices a los parlamentarios de cómo deben hacer su trabajo.  “Estos acuerdos requieren imperiosamente de consultas, debates públicos profundos desde un punto de vista político y técnico. Por ello, la Sala de lo Constitucional, considera procedente otorgar un plazo adicional para que la Asamblea Legislativa emita, a más tardar el 28 de febrero de 2020, una ley de reconciliación nacional y de asistencia a víctimas, según los parámetros establecidos en la sentencia dictada en el proceso y en las resoluciones de seguimiento.

Una publicación del Vatican News, señala que El Salvador sufrirá un serio retroceso en materia de derechos humanos si prospera una iniciativa legislativa de Reconciliación Nacional, que avanza en el Parlamento y que “garantiza la impunidad” de los crímenes perpetrados durante el conflicto armado, según lo alertó el Centro por la Justicia y el Derechos Internacional (CEJIL).

En el 2016, al declarar inconstitucional la Ley General de Amnistía de 1993, la Sala sentenció que los parlamentarios tenían que aprobar una normativa apegada a la verdad, a la justicia, a la reconciliación y al compromiso de no repetición de crímenes de lesa humanidad. Pero la propuesta que está en discusión, no cumple con estos parámetros.

Antonia Urrejola. Segunda Vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue consultada por ContraPunto por los dos desacatos en los que ha incurrido la Asamblea: ley de reconciliación nacional (que debía de estar aprobada el 13 de noviembre); y la ley de desplazamiento forzado por la violencia (enero de este año).


Urrejoja en efecto dijo que emitirán un informe preliminar con base a las consultas que han realizado en estos días y posteriormente; en el término de un año, pronunciarán un informe final. En todo caso, la determinación que adopten no será dirigida al Palacio Legislativo, sino al Estado Salvadoreño.


Mario Ponce, presidente de la Asamblea Legislativa, considera que el tema de la reconciliación nacional es complejo. “Cumplir los parámetros de la Sala en detrimento de otros, y quedar bien con todos no es fácil, entonces el esfuerzo que este servidor va a impulsar será el de avanzar en este tema para legitimar las demandas de las organizaciones de los derechos humanos, que están demandando que los familiares de las víctimas puedan conocer que se hizo justicia en el conflicto armado interno.

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Carlos Ramos
Periodista salvadoreño
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