“Para evitar el daño irreparable, el presupuesto debe balancearse lo antes posible y no sólo en cuestiones superficiales. El equilibrio debe conseguirse mediante el recorte del gasto imprudente y no mediante la subida de la carga impositiva que ya se encuentra socavando los incentivos”, Henry Hazlitt, (1894-1993), economista y periodista del The Wall Street Journal, el New York Times, Newsweek y The American Mercury.
Este comentario, seguramente le hubiera servido de mucho al expresidente de la Asamblea Legislativa, el arenero Norman Quijano (2018-2019), quien, entre otras responsabilidades tenía y tiene, quien está al frente de una institución, el manejo administrativo, no solo operativo.
La Asamblea por hoy, está en una situación muy complicada en términos de presupuesto, según lo afirmó el diputado de Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Guillermo Gallegos y expresidente del congreso (2016-2018). Responsabilizó de esto a Quijano que cuando estaba por terminar su mandato, hizo varios movimientos de empleados, al menos unos 60 aproximadamente, aunque podrían ser más, colocándolos en plazas institucionales y con salarios nada despreciables.
El 30 de octubre, el diputado tricolor ya estaba advirtiendo que había un déficit de $1.5 millones para el 2020 y que el problema era más de cuestiones “política que técnicas”, ya que la junta directiva no autorizó el refuerzo para el próximo año.
Para el 2019, la Asamblea cuenta con un presupuesto de $58.3 millones más un refuerzo de $1.5 millones, para el pago de cánones de arrendamiento que ascienden a $65 mil mensuales y al año $780 mil.
El lío le ha quedado al pecenista Mario Ponce, que asumió el 1 de noviembre y termina su gestión el 30 de abril de 2021.
El diputado del Partido de Concertación Nacional (PCN), incluso sostuvo hoy un encuentro con el presidente Nayib Bukele en Casa Presidencial (CAPRES), para pedirle un refuerzo presupuestario, y salir del embrollo en el que lo dejó su antecesor, se conoció a través de Gallegos.
Pero en política no existen los favores. Como dijo el filósofo inglés Thomas Hobbes (1588-1679), “Los favores obligan, y la obligación es una esclavitud;…”
Dicho esto, Ponce a cambio podría ofrecer a Bukele hacer gestiones para que al gobernante le aprueben los diputados $91 millones que ha estado solicitando para la fase II de su Plan de Control Territorial.
Una tarea titánica, si se toma en cuenta que su aprobación necesita 56 votos (mayoría calificada), una llave que solo la tienen Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que hasta donde se sabe, no están muy convencidos al menos hasta este día, de dar su aval ni a este crédito, ni al proyecto de Presupuesto General de la Nación 2020 de $6,426 millones y su financiamiento que asciende a $755.8 millones, mientras el Ejecutivo no despeje las dudas que tienen.
Para Gallegos, la plática de Ponce y Bukele es “para que nos ayude financieramente, porque hemos quedado en saldo rojo después de la administración del doctor Quijano, con un déficit de dos millones de dólares, no tenemos cómo seguir pagando los alquileres, o sea, estamos en una situación bastante crítica”, reiteró el parlamentario. Pero también las conversaciones girarán en torno a temas de agenda de país, como presupuesto, gobernabilidad y seguridad.
En septiembre, Quijano dejó claro que son GANA y el PCN quienes tienen asignados más recursos de los que deberían.
Una publicación de La Prensa Gráfica, hizo un comparativo de gastos de ambos partidos; y según datos del Portal de Transparencia de la Asamblea, hasta el 31 mayo de 2018 el PCN tenía 148 empleados, con un gasto mensual de $178,055.20. Al 30 de abril de 2019, su personal subió a 228 y su gasto pasó a $250,084.77. Es decir, contrató a 80 personas más y el gasto mensual subió a $72,029.57.
El partido GANA, con 10 diputados, sumó menos empleados que ARENA, pero su gasto fue mayor. Al 31 de mayo de 2018 tenía 220 empleados y un gasto mensual de $213,049.14. Al 30 de abril de 2019, el número de empleados había crecido a 269 y el gasto a $273,984.14. En total, aumentó 49 empleados y su gasto mensual subió a $60,935.00.
La efemelenista Yanci Urbina, es una de las que más reparos ha encontrado al plan de gastos del Ejecutivo.
Por ejemplo, el Ministerio de Justicia y Seguridad de tener un presupuesto de $426 millones, para el otro año tendrá un incremento de más de $40 millones y por tanto el ministro Rogelio Rivas debe explicar cuáles son esos factores de crecimiento
La partida de gastos financieros en el Ministerio de Justicia pasa de $338 millones a más de $29 millones. “Es un crecimiento exponencial que deben explicar, porque han colocado ese dinero en una partida que se llama tasas, comisiones e impuestos”.
Y es que para la diputada Yanci, el presupuesto General no tiene pero ni los recursos en el rubro de remuneraciones para sostener el ofrecimiento de incremento de $100 para los policías, como lo anunció el presidente Bukele. No da para cubrir alrededor de $47 millones que significaría para dar el incremento de $100 para más de 47 mil operadores de Justicia y Seguridad.
Todo esto, hace pensar que, cualquier gestión que intente hacer Ponce para “echarle la mano” al presidente, se topará con una muralla pintada de rojo, azul y blanco y solo rojo y en la que ya quedó demostrado que es bien difícil encontrar consensos; hay varios ejemplos, como la no aprobación de una ley de Reconciliación Nacional que terminó mal.
Para terminar, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Gustavo López Davidson, a finales de octubre trató por todos los medios posibles impedir que asumiera la presidencia Ponce, porque a su juicio, no habría independencia entre el Órgano Ejecutivo y Legislativo. “El partido de Concertación Nacional siempre se ha ido apegando a lo que es el Ejecutivo…”, sentenció.
