El jueves concluye su período como presidente de la Asamblea Legislativa el arenero Norman Quijano y el viernes 1 de noviembre asume el pecenista Mario Ponce, cuyo mandato culmina el 30 de abril de 2021.
En este proceso de transición, Quijano dijo que cuando se reúna con la junta directiva este miércoles, dará detalles de la parte financiera de la institución.
Recordó que cuando tomó posesión de la presidencia el 1 de mayo de 2018, había un total de 1,466 empleados y la deja con 1,107, es decir 359 plazas menos.
Por el momento, todo se está llevando a cabo de acuerdo a lo que se firmó en el protocolo de entendimiento el 3 de mayo del año pasado, entre Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Partido de Concertación Nacional (PCN) y Partido Demócrata Cristiano (PDC).
“Voy a buscar una reunión con Mario (Ponce), para plantearle cómo está la situación, incluso estoy trabajando en un informe de la gestión”, comentó Quijano.
Explicó que en lo que respecta a la reducción de plazas, se trata de institucionales, no así el personal que tiene cada grupo parlamentario, porque eso depende de cada diputado cómo utilizará los recursos que le asigna su coordinador de fracción.
La asignación se da con base al número de diputados de cada grupo y ahí, aclaró que no tiene control.
“Si a un diputado le dan $5,000 para contratación. Él decide si va a contratar a un asesor de $5,000 o a cinco de $1,000 cada uno o a diez de $500…, entonces con eso no puedo tener control del número de plazas.
Ahora bien, la Asamblea en total tiene 2,448 plazas, entre personal institucional y de partidos políticos.
Trajo a cuenta que se pudo haber disminuido más el número de plazas institucionales, pero muchos empleados recurrieron a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y tuvieron que ser reinstalados.
Esas plazas a las que se refiere Quijano, son las que él da en llamar “plazas fantasmas” que detectaron durante la presidente del diputado de Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Guillermo Gallegos (noviembre de 2016 a mayo de 2018).
“Eran personas que no venían a trabajar, sin embargo, se ampararon y la misma jefa de Recursos Humanos se acogió a un decreto de retiro voluntario y no quiso firmar los expedientes que tenía de esas personas, y nos dejó debilitados financieramente”.
Agregó que en términos generales deja todo en orden y el ejercicio fiscal de este año está cubierto. El problema será para el próximo año, ya que la Asamblea pidió para este año un refuerzo presupuestario de $1.5 millones que no fueron solicitados para el 2020 y harán falta.
De hecho que el actual ejercicio fiscal lo cierran con un presupuesto de $59.8 millones.
Esos $1.5 millones se utilizaron para pagar los arrendamientos, remodelaciones y readecuación de oficinas en el edificio principal que está deteriorado.
Quijano manifestó que insistió en que se solicitara ese refuerzo para el otro año, pero los diputados se cerraron en $58.3 millones, con lo que se deja desfinanciada la partida de gastos.
No obstante hubo diputados del partido de Mario Ponce (PCN) que se aferraron a que bastaba con $58.3 millones, hoy tendrán que ver de dónde se saca el excedente para equilibrar el plan de gastos.
