La mayoría sandinista en la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una ley de amnistía que perdonará los delitos cometidos en el marco de las protestas de 2018 contra la administración del presidente Daniel Ortega. Esta nueva ley perdonará los crímenes atribuidos a policías y paramilitares vinculados al gobierno.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la policía y los grupos armados contra manifestantes civiles en 2018 dejó 325 muertos, más de 2,000 heridos, 770 detenidos y unos 60,000 exiliados.
La ley, aprobada con 70 votos a favor y 15 en contra de los 91 diputados que integran la única cámara del Parlamento, busca “abonar a la reconciliación de la sociedad” y “avanzar en la construcción de una paz firme y duradera”, indica el texto presentado al plenario por la bancada del partido gobernante, el Frente Sandinista.
En esencia, esta normativa beneficiará a quienes cometieron “delitos políticos y delitos comunes conexos a éstos” a partir del 18 de abril de 2018, cuando estalló la rebelión social contra Ortega, protagonizada en su mayoría por estudiantes. La Iglesia Católica local también se mantuvo activa. Los favorecidos por la amnistía deberán “abstenerse de perpetrar nuevos delitos políticos o cualquier otra actividad delictiva”, pues de lo contrario el beneficio quedará sin efecto, indica el texto.
Los diputados del Partido Liberal Constitucionalista y del Partido Conservador votaron contra la ley. “Lo que se pretende es dejar libres a los verdaderos culpables de los crímenes”, manifestó la legisladora liberal María Haydeé Ozuna.
Critican la normativa
Las reacciones no tardaron en llegar. El Comité Pro Liberación de Presos Políticos de Nicaragua rechazó la Ley de Amnistía. "No aceptamos ninguna amnistía. Daniel Ortega (presidente de Nicaragua) busca la amnistía para encubrir sus crímenes cometidos por policías y paramilitares del régimen", denunció ese Comité en una declaración.
Ese Comité, conformado por familiares de las personas encarceladas en el marco de la crisis, acusó al Gobierno de Ortega de querer "esconder la verdad" con esa amnistía y que su demanda es de justicia, verdad, reparación y no repetición.
"Demandamos que se investiguen los crímenes cometidos contra manifestantes pacíficos, cuyos asesinatos aún siguen en la impunidad y no quieren ser investigados por el Estado de Nicaragua", exhortó.
La alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, declaró vía Twitter que el gobierno de Ortega “tiene el deber de garantizar la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas”, y recordó que “las amnistías por graves violaciones de derechos humanos están prohibidas por el derecho internacional”.
Esta nota tiene información de Associated Press, EFE y la foto fue publicada por El 19 Digital.
