El Gobierno argentino rechazó 12 recomendaciones para ponerse a tono con los estándares internacionales de Derechos Humanos sobre el aborto, indígenas y migrantes formuladas por Islandia, Suiza, Alemania, Bahrein, Austria, Colombia, Canadá, Estonia, Noruega, Irán y México, según documentos publicados por la ONU en Ginebra este martes.
Las recomendaciones se realizaron en el contexto del Examen Periódico Universal (EPU), una revisión “entre pares” donde los Estados miembros de Naciones Unidas se hacen mutuamente recomendaciones en torno a la totalidad de los derechos humanos. El ejercicio se lleva a cabo una vez cada 5 años, de acuerdo un cronograma adoptado por consenso.
El examen oral de Argentina tuvo lugar el 6 noviembre de 2017, y el gobierno de Mauricio Macri tenía plazo para responder por escrito a las recomendaciones hasta el presente mes de marzo de 2018, cuando la semana próxima el Consejo de Derechos Humanos de la ONU apruebe los documentos anticipados.
Argentina rechazó además la recomendación de Guatemala de “firmar el Tratado sobre la Prohibición de la Armas Nucleares”, y la de India para “poner fin a los incidentes de detención arbitraria, en consonancia con el derecho internacional”. Pero resta por saber a qué hechos se apuntaron.
En pleno debate parlamentario sobre el derecho al aborto que vive Argentina, el gobierno Macri asume su adversidad en la ONU a “despenalizar el aborto en todas las circunstancias” (Islandia), “adoptar medidas para que ninguna mujer o niña sea objeto de sanciones penales por un aborto” (Noruega, Suiza), y “garantizar un acceso seguro al aborto legal (particularmente) las mujeres víctimas de violación, en el marco del sistema de salud pública y en todas las regiones” (Alemania).
Argentina rehusó “proporcionar refugios y asistencia letrada a las víctimas de la violencia doméstica, y presentar un proyecto de ley” en la materia (Bahrein), ampliar “la cobertura del plan de asignación familiar […] a un gran número de los niños, niñas y adolescentes”, especialmente “los de grupos marginados y los niños aún indocumentados” (Austria), incluyendo “los niños desde su nacimiento y no solo después de 45 días de vida en el Plan de Primera Infancia” (Colombia).
Al tiempo que Argentina acaba de resolver judicialmente la extradición a Chile del líder mapuche argentino Facundo Jones Huala, (no olvidando el asesinato en noviembre pasado de Rafael Nahuel, miembro de esa etnia), el gobierno Macri excluyó en la ONU “mejorar la participación [“¦] y la consulta” de los indígenas, “en lo que respecta a la explotación de los recursos nacionales y las reclamaciones territoriales” (Canadá).
Argentina exceptuó “velar por que los pueblos indígenas participen plenamente en el proceso de elaboración de las medidas legislativas o administrativas que pueda afectarlos” (Estonia), y que se “obtenga su consentimiento libre, previo e informado antes de proceder a la adopción de medidas legales y administrativas que puedan afectar a sus derechos” (Noruega).
México vio relegado por la Argentina su exhorto para que “el Decreto de Necesidad y Urgencia, que limita las garantías procesales en los procedimientos de expulsión, no restrinja los derechos humanos de la población migrante”, e Irán vio asimismo desechada su petición para que Argentina acabe con la “discriminación estructural”, contra indígenas y migrantes.
