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domingo, 16 de mayo del 2021

ARENA pide cárcel para pandillas que afecten elecciones

Además proponen prisión para funcionarios que contraten a familiares o personal que no cumpla con requisitos

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El diputado del partido ARENA, Ernesto Muyshondt, presentó este lunes ante la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma al artí­culo 295 del Código Penal para sancionar a las pandillas o sus miembros que con amenazas coaccionen al elector para votar a favor o en contra de determinado partido polí­tico. La reforma también permitirí­a juzgar a quienes impidan el desarrollo de un proceso electoral bajo amenazas o intimidación.

La propuesta plantea que la pena carcelaria para este delito sea de siete a diez años de prisión. También propone que sea sancionado con la misma pena a las pandillas o sus miembros que obstaculicen o impidan el registro electoral, el ejercicio del sufragio o el escrutinio de votos.

De acuerdo con el parlamentario, la propuesta se da luego que durante las elecciones presidenciales del año 2014 miembros de pandillas “obstaculizaron el proceso electoral”.

“Ante el advenimiento de una nueva elección  (marzo 2018) y especialmente para el fortalecimiento de nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho, es necesario erradicar estas conductas incrementando las penas para los grupos terroristas que han tomado control de los territorios”, plantea Muyshondt en su pieza de correspondencia.

Otras reformas

Asimismo, el diputado del partido ARENA, René Portillo Cuadra, propuso reformar el Código Penal para que se incluya el delito de nombramientos ilegales exigiendo de dos a seis años de prisión para el funcionario público que nombre o contrate a un empleado o persona para un puesto para el que no cumpla con los requisitos que la ley exija. Además propone incluir sanciones para quienes contraten a parientes del primer grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el funcionario.

Por otro lado, el parlamentario propone castigar con penas de uno a cuatro años de prisión al funcionario que  omita o altere procedimientos legales para la adjudicación, contratación, seguimiento o liquidación de las adquisiciones de obras, bienes o servicios que la administración pública celebre.

Por último propone pena de tres a diez años de prisión para exfuncionarios públicos que administren, ejecuten o manejen recursos públicos o bienes del Estado hasta cinco años después de haber cesado dicha función, que obtenga para sí­ mismo o para terceros algún beneficio patrimonial e incurra en enriquecimiento ilí­cito.

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