El empresario cafetalero, José Antonio Salaverría, denunció este miércoles ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a los apoderados legales de Davivienda, por el incumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Constitucional, que obliga a la empresa financiera a indemnizar al empresario por daños y perjuicio por un embargo ilegal.
Aunque Davivienda se comprometió públicamente a acatar la sentencia, por medio de una comunicado, sus apoderados legales han interpuesto una serie de recursos para dilatar el caso en la Sala, mismos que han sido rechazados "por carecer de fundamento".
"Siempre he manifestado que creo en el sistema y esperamos que con todas las pruebas que estamos presentando los suspendan como abogados que es lo que menos se merecen y lo estoy haciendo en carácter personal como afectado, pero también sentando un precedente nacional porque a tanta gente que no se puede defender cometen las misma artimañas, ya basta", expresó el cafetalero.
Nelson García, uno de los abogados del cafetalero, comentó que "a lo que se ha referido don Antonio es una práctica que se ha considerado ilegal por nuestra legislación en cuanto al ejercicio de la abogacía. El abogado debe ser un contribuyente de la pronta y merecida justicia", dijo.
El banco Davivienda ya lleva más de 600 días sin pagarle a Salavarría la totalidad de los US$49 millones 314 mil 303.55; dictaminados por la Sala de lo Civil.
La problemática entre ambas partes data desde hace 11 años, cuando Davivienda antes era el HSBC -con sede en Londres-, entidad crediticia a la que Salaverría recurrió para adquirir un crédito, del cual se atrasó con una cuota de 160 mil dólares, por lo que el banco le notificó el embargo.
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24 horas después de la notificación, Salaverría envió a su entonces abogado, Fabio Castillo, para pagar el monto total del préstamo para librarse de los compromisos, pero el presidente ejecutivo del banco, Gerardo Simán, le dijo que no podrían recibirle el pago y que harían cumplir el embargo de la garantía.
Luego de que esto le generó la quiebra económica y “la muerte civil”, pues no volvió a ser sujeto de crédito de la banca nacional, recurrió a las autoridades correspondientes para poder hacer valer sus derechos.
De acuerdo al proceso legal, Davivienda tiene una deuda con Salaverría de US$47,352.124.00 más el 12 por ciento por costas procesales, daños y perjuicios, que hacen un total de más de US$49 millones.
“El día que nos llamaron para decirnos que todo estaba terminado, nos llamó Gerardo Simán. Ese día, para que veamos las inconsistencias, ese día procesamos 5,200 quintales oro. Y también en esa temporada hicimos 250 mil quintales, un millón de quintales uva, teníamos 7 beneficios operando en el país, 16 puntos de recaptación”, explicó el cafetalero.
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Según Salaverría, el banco violó el convenio que se había firmado además con City Bank y Banco Hipotecario. Luego de un año, señaló, preparó su defensa y el 7 de octubre de 2009 inició el proceso para ejercer sus derechos a fin de demandar a HSBC, hoy Davivienda, por daños y prejuicios.
A consecuencia de este proceso, el veredicto resultó a favor del salvadoreño pero la financiera dilató su responsabilidad de resarcir los daños al utilizar recursos legales
Después de todo este tiempo, la Sala de lo Civil ha fallado a su favor de manera unánime, lo que considera “un fallo histórico” y espera se haga efectiva de parte de los nuevos propietarios del banco.
Ese sentido, cuando se trate de embargar empresas mercantiles, se deberá hacerlo de conformidad al inciso segundo del artículo 506 del Código de Comercio, por lo que se previene al ejecutor de que se cerciore de que los bienes objeto de embargo sean propiedad del ejecutado y que en el caso se embarguen vehículos, éstos deben de inscribirse en el registro.
