La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia indicó que analizarán si existió vulneración de derechos, en el proceso realizado por Ministerio de Hacienda en contra de la empresa Intratext S.A., propiedad de la familia Simán.
La medida surge luego que la apoderada legal de la empresa presentara un amparo, alegando que se ha violado la legalidad penal al atribuir omisiones al director y subdirector de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda en el proceso de cobro de impuestos.
En su demanda, la representante legal de la empresa dice a la Sala que los referidos funcionarios no completaron “el debido proceso de tasación de impuestos para el cobro de los mismos, el cual debía finalizar con una resolución de fondo en el procedimiento de fiscalización del impuesto sobre la renta en el que se investigó el comportamiento tributario de la sociedad Intratext de El Salvador, S.A. de C.V. en el contexto del ejercicio impositivo 2017”, conforme a lo dispuesto en el artículo 251 del Código Penal.
La Sala de lo Constitucional deberá analizar si los dos funcionarios de Hacienda concluyeron o no “el debido proceso de las diligencias administrativas de cálculo de los impuestos respectivos antes de enviar el aviso a la Fiscalía General de la República sobre la presunta existencia de un ilícito”.
Los magistrados aclaran en su resolución que al admitir esta demanda no se está afectando “en forma alguna una obstaculización a la función de recaudación fiscal llevada a cabo por las autoridades demandadas, sino que el objeto de control de este proceso únicamente consiste en determinar si los citados funcionarios de la DGII, antes de presentar el aviso ante la FGR, cumplieron o no con el debido proceso legalmente establecido para hacer efectivo el cobro del impuesto sobre la renta de los ejercicios impositivos 2017, 2018 y 2019 en el caso concreto de la sociedad peticionaria”.
El Ministerio de Hacienda presentó este año un aviso a la Fiscalía por evadir $293 millones en impuestos, pero luego se aclaró que la cantidad era de $5.3 millones en el ejercicio fiscal 2017.
En agosto, el entonces representante legal de la empresa, José Miguel Daura Mijango, fue capturado y presentado con un despliegue mediático y utilizando agentes élite de la Policía, presidido por los ministros de Hacienda y de Seguridad, así como por el director de la Policía Nacional Civil.
La semana pasada, la Cámara Tercero de lo Penal resolvió que la empresa sí cumplió con sus obligaciones tributarias y que lo ocurrido fue rendir información inexacta como el hecho de declarar sus ingresos como renta no gravada cuando lo correcto era gravada. Dijo además que en esa operación no se comprobó que hubiere incurrido en una acción delictiva porque no hubo evidencia de uso de documentación falsa.
Sin embargo, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, manifestó que pedirán a la Fiscalía General de la República que apele la resolución de la Cámara, porque a su criterio, los magistrados aceptan que sí hubo una evasión de impuestos, pero ordenan que se recupere por la vía administrativa y no penal.
“Básicamente reconocen que se robó los $5.3 millones que correspondían estar en el herario público, pero nos dicen: ‘recupérelo por la vía administrativa’ y sobreseen al señor Daura Mijango, representante de Intratex que es propiedad de dos personas con apellido Simán, lo sobreseen definitivamente”, dijo ayer el ministro Zelaya a los medios de comunicación, después de presentar aviso a la fiscalía por dos empresas supuestamente evasoras.
La Cámara también solicitó seguir el proceso en sede administrativa “con todas las garantías constitucionales, en atención, primordialmente, al principio de protección no jurisdiccional y de legalidad”.
Los magistrados, por su parte, emiten entre las medidas cautelares, que la Fiscalía se abstenga de presentar requerimiento fiscal referente al delito de “evasión de impuestos por declaración de información falsa o inexacta” relacionados con las investigaciones tributarias que actualmente se encuentran en curso, hasta haberse obtenido el resultado del proceso administrativo como lo determina el Código Penal.
