Los diputados que integran la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales continuaron con el estudio de un pliego de reformas al Código Penal y Procesal Penal; en esta oportunidad se analizaron propuestas relativas al tema de la desaparición forzada y contaron con la participación de representantes de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de la Fiscalía y Procuraduría General de la República.
El debate se generó en torno a los artículos 99, 129, 364, 365 y 366 del Código Penal que se refieren a la prescripción de la pena, homicidio agravado precedido de desaparición y desaparición forzada cometida por particulares y por el Estado.
En ese contexto, el presidente de la comisión, diputado Mario Tenorio de Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), agradeció a las instituciones presentes por el acompañamiento y aporte brindado; a la vez expresó la necesidad y urgencia de “encontrar una solución al problema de las desapariciones”, por lo que se buscará emitir de un dictamen favorable, el parlamentario indicó que "es preocupante lo que está pasando en el país”.
Por su parte el legislador René Portillo Cuadra de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), aseguró que para legislar hay que tomar en cuenta cuatro consideraciones: regular la desaparición forzada ejecutada por personas vinculadas al crimen organizado, diferenciar la desaparición forzada cometida por estructuras del Estado y la cometida por particulares vinculados al grupos delincuenciales, la elevación y homologación de penas y la no prescripción.
Mientras tanto, la diputada Cristina Cornejo del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) coincidió con sus colegas y consideró que la comisión de legislación debe homologar las penas a fin de no dejar vacíos que limiten la legislación a personas particulares que no estén dentro del crimen organizado, ni de pandillas y que cometan el ilícito en comento.
Al culminar la sesión de trabajo, los parlamentarios acordaron que el equipo técnico elabore una propuesta con base a los elementos vertidos con los delegados de la Sala de lo Penal, la Fiscalía y Procuraduría General de la República, con el propósito de emitir un dictamen favorable parcial en respuesta a la preocupación por el incremento de casos de desaparición de personas.
