Cuando Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) asuma de manera oficial la presidencia de la República seguirá la misma política de sus antecesores en el gasto de publicidad que se compra a los medios. En este capítulo no habrá ningún cambio.
Él ya ha dicho que a lo largo de su gobierno se van a gastar 30,000 millones de pesos, que es la mitad de los 60,000 millones de pesos gastados por el presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) en su sexenio.
López Obrador va a gastar el doble que el presidente Vicente Fox Quesada (2000-2006) que fueron 16,000 millones de pesos y 30% más que en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) que sumó 21,000 millones de pesos.
El gasto en publicidad programado por el próximo presidente es un ahorro respeto al gobierno que lo antecede, pero una cantidad mucho mayor en relación a los gobiernos anteriores. Ahí están los datos.
En las democracias más desarrolladas, los gobiernos tienen prohibido el gasto en publicidad, para estar en los medios. Los impuestos de los contribuyentes se invierten en obras y servicios que le dan algún beneficio.
La publicidad del gobierno no representa ningún beneficio para la ciudadanía y si le perjudica en la medida que esos recursos no se destinan a la obra y el servicio público.
El próximo presidente puede, a pesar de lo que ya ha dicho, dejar de gastar dinero de las arcas públicas, para comprar publicidad. Ese sí es un ahorro considerable que puede destinarse a programas sociales.
El candidato López Obrador pidió a los electores que votaran a los senadores y diputados de su partido, para poder realizar los cambios legales que el país necesitaba. Ahora, él tiene la mayoría en ambas cámaras.
En este momento, el partido del presidente puede enviar al Congreso una iniciativa de ley que prohíba, para los distintos poderes del Estado y niveles del gobierno, la compra de publicidad. Tiene los votos, para aprobarla.
Ese sí sería un cambio con profundas y favorables consecuencias para la democracia, la política y el periodismo. Cambiaría de manera profunda y para siempre la actual relación entre los medios y el poder.
La compra de publicidad por el gobierno distorsiona, no puede ser de otra manera, esa relación. Se establece, aunque no se quiera, un círculo perverso donde siempre pierde la libertad de expresión. El que paga manda.
Existe mucha evidencia, para sostener que en los países donde la ley prohíbe a los gobiernos comprar publicidad se eleva la calidad de la política, de la información y del discurso que la acompaña.
Y esa evidencia señala también que crece, de manera significativa, la calidad del periodismo que se hace, por parte de los medios y los periodistas. Sin publicidad pagada gana la democracia, el gobierno, el periodismo y sobre todo la ciudadanía.
