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viernes, 23 de julio del 2021

Amenazas y criminalización, el costo de defender los DDHH

Al menos 123 activistas han sido asesinados por defender el medio ambiente y sus derechos

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Amenazas contra la vida y hasta la criminalización es a lo que los defensores derechos humanos y ambientalistas se enfrentan en El Salvador y otros paí­ses centroamericanos. Según el Centro de Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), entre el 2010 y 2016, al menos 123 personas fueron asesinadas por reivindicar su derecho de defender derechos humanos. 

Recientemente lí­deres de organizaciones sociales en San Isidro, departamento de Cabañas, denunciaron ser ví­ctimas de hostigamientos y amenazas a muerte por su lucha contra la minerí­a y otros proyectos que degradan el medio ambiente. 

También el Movimiento Popular de Resistencia 12 de Octubre (MPR-12) ha denunciado públicamente cómo varios de miembros la Asociación de Desarrollo Comunal la Bendición de Dios (ADESCOBD) han sido hostigados y capturados el año pasado en represarí­as por su activismo y defensa del agua en Tacuba, Ahuachapán. 

Norma Ramos, del MPR-12, aseguró que en El Salvador, con casos como el de Tacuba queda evidenciada “cómo a las comunidades se les está violentado la libertad de asociación para defender la vida y el medio ambiente”. 

Para, Giovanni Magaña, coordinador regional de Programas de la Federación Luterana Mundial en El Salvador, el costo de hombres y mujeres que deciden “volcarse a defender sus derechos son blanco de diferentes ataques que pueden llegar a acabar con su vida”. 

“El tema de la minerí­a acá en el paí­s ha sido bastante complicado para los defensores de derechos humanos”, señaló. Y es que entre 2009 y 2011 fueron asesinados tres ambientalistas que estaban en contra de la minerí­a metálica en El Salvador. 

En 2009 fue asesinado Marcelo Rivera, un reconocido activista ambiental. Rivera estuvo desaparecido durante tres semanas hasta que fue encontrado muerto con señales de tortura. Representantes del movimiento ecologista de Cabañas afirmaron en ese entonces que él fue ví­ctima de persecución y amenazas en los meses previos a su homicidio. 

Rivera, al momento de desaparecer ““el jueves 18 de junio de 2009″“ se desempeñaba como Director de la Casa de la Cultura de San Isidro, represente legal de la ASIC, miembro de la Mesa Nacional frente la Minerí­a Metálica e integrante de la Directiva Departamental del FMLN en Cabañas. 

Ese año también fueron ultimados los ambientalistas Dora Sorto, quien estaba embarazada, y Ramiro Rivera. Otro homicidio ocurrió en junio de 2011 y la ví­ctima fue Juan Francisco Durán Ayala, quien pertenecí­a al Comité Ambiental de Cabañas (CAC), la entidad que más ha trabajado en oposición al proyecto minero El Dorado que quiso iniciar la multinacional minera canadiense Pacific Rim, ahora Oceana Gold. 

A un año del asesinado de Berta Cáceres 

Magaña, de la Federación Luterana, señaló que el panorama para los ambientalistas de Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador es el mismo y que la defensa del medio ambiente y el territorio se ha convertido en el verdugo de muchos. 

Uno delos casos más emblemáticos es el asesinato de Berta Cáceres, mujer asesinada a balazos el 3 de marzo de 2016 en Honduras. Cáceres habí­a sido galardona con el premio medioambiental Goldman en 2015, el máximo reconocimiento mundial para activistas de medio ambiente. Durante su discurso denunció que "me siguen. Me amenazan con matarme, con secuestrarme. Amenazan a mi familia. Esto es a lo que nos enfrentamos", expuso. 

En relación al asesinato de Cáceres ya han sido capturados ocho sospechosos, entre ellos dos militares asesinados y un oficial. Según una publicación hecha por The Guardian, el asesinato de la ambientalista tiene todas las caracterí­sticas de una operación bien planeada diseñada por la inteligencia militar, donde es absolutamente normal contratar a civiles para perpetrar asesinatos. 

Por otro lado, la CEJIL asegura que pese a las capturas, las autoridades aún no han determinado cuál fue la participación de cada uno en el hecho. “Este crimen fue el producto de una escalada de violencia, criminalización y estigmatización en contra de la lideresa (…), por lo que es fundamental que se consideren estos antecedentes a la hora de investigar y se comprenda el contexto de riesgo en el cual ejercí­a su labor”, cita el comunicado de CEJIL. 

La entidad asegura que es necesario se investigue a fondo el asesinato de la ambientalista y que se genere un ambiente de seguridad para los defensores de derechos humanos.

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Redacción ContraPunto
Nota de la Redacción de Diario Digital ContraPunto
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