La administración de Joe Biden anunció la extensión de 18 meses del Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador, Honduras, Nicaragua y Nepal como respuesta a la demanda Ramos v. Mayorkas.
Ante ello, la organización de Alianza Américas, una red de 57 organizaciones lideradas por migrantes de Latinoamérica y el Caribe señala que esta medida solo beneficiará a las personas que actualmente tienen TPS, dejando fuera a miles de individuos de estas nacionalidades que se encuentran en Estados Unidos sin estatus migratorio regular.
Alianza Américas insta al presidente Biden a reconsiderar su decisión limitada y a otorgar nuevas designaciones de TPS como respuesta a la demanda Ramos v. Mayorkas.
“Lamentamos la tímida acción del presidente Biden al otorgar solamente una extensión de 18 meses para los países afectados por el litigio Ramos v. Mayorkas. Esta decisión deja fuera a miles de personas que han sido una parte integral de sus comunidades en Estados Unidos durante más de cinco años, y muchas de ellas tienen hijos ciudadanos estadounidenses”, expresó Yanira Arias, directora de Campañas de Alianza Americas y beneficiaria de TPS de El Salvador.
Arias también calificó de positivo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) revocó los argumentos presentados por la administración Trump que buscaban cancelar el beneficio de TPS para las personas de las nacionalidades mencionadas. Sin embargo, consideró que esta acción fue ejecutada demasiado tarde y criticó que la administración Biden haya tardado tres años en desvincularse de los razonamientos discriminatorios de Trump.
Durante los últimos años, Alianza Americas y sus organizaciones aliadas han instado a la administración Biden a utilizar su poder ejecutivo para otorgar nuevas designaciones de TPS a El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala. Estas organizaciones argumentan que las condiciones sociales, políticas y económicas en los países de origen no han mejorado e incluso se han deteriorado, por lo que es necesario brindar protección a más personas que se encuentran en una situación migratoria irregular.
Por otro lado, Leticia Casildo, miembro de la organización Familias Unidas en Acción y de origen hondureño, hizo un llamado a la Casa Blanca para que reconsidere el anuncio realizado hoy. Casildo recordó que en el pasado, el presidente Biden ha otorgado nuevas designaciones de TPS a otros países y destacó que Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Nepal tienen argumentos sólidos para recibir nuevos alivios. Asimismo, enfatizó que la administración Biden ha ignorado a miles de personas que contribuyen al crecimiento de la nación.
La preocupación se extiende a estados como Florida y Texas, donde miles de centroamericanos podrían ser afectados por las políticas antiinmigrantes impulsadas por los gobernadores Ron DeSantis y Greg Abbott, respectivamente. En este sentido, el TPS se presenta como una vía rápida y comprobada para proteger contra las deportaciones.
Bertha Sanles, organizadora comunitaria nicaragüense del American Friends Service Committee en Florida, agregó que no se puede celebrar la exclusión de aquellos que serán víctimas de las políticas antiinmigrantes de políticos como DeSantis y Abbott, cuyas leyes ya están causando daño. Sanles resaltó la importancia de que el presidente Biden tome decisiones acertadas, reconociendo las causas de la migración forzada en estos países y considerando nuevas designaciones de TPS, ya que ninguno de los gobiernos centroamericanos ofrece garantías de retornos seguros.
