El polémico acuerdo que firmó Guatemala con Estados Unidos propició más llamados de alerta por el posible incumplimiento de tratados vigentes y hasta de la misma Constitución guatemalteca, señaló la organización pro migrantes ubicada en Chicago, Alianza Américas.
“Más que un acuerdo es un acto de extorsión, contrario al Estado de Derecho en las dos naciones firmantes”, advirtió Óscar Chacón, director de la organización, citado en un comunicado.
Este documento que han firmado los dos países obligará a que los salvadoreños y hondureños que buscan pedir asilo en Estados Unidos se queden en Guatemala. Desde ahí harán la petición a Estados Unidos, y en ese mismo territorio tendrán que esperar la respuesta. Si logran llegar a terreno estadounidense, las autoridades los regresarán a Guatemala. Estas nuevas disposiciones no incluyen a los menores de edad no acompañados que también emprenden la peligrosa ruta del migrante.
Enrique Degenhart, ministro de Gobernación que firmó este nuevo instrumento político, dijo en una entrevista que “este es un convenio que está dirigido únicamente hacia las nacionalidades de Honduras y de El Salvador”. Agregó que durará dos años y que se harán evaluaciones sobre los resultados obtenidos cada tres meses.
En tanto, el procurador guatemalteco, Jordán Rodas, expresó en un comunicado que el acuerdo que se firmó no cumple con todos los requisitos que lo podrían hacer un documento válido.
El pasado viernes, la Casa Blanca -sede del Órgano Ejecutivo estadounidense- confirmó que habían firmado un acuerdo de “tercer país seguro” con el país centroamericano. Pero la administración del presidente Jimmy Morales tuvo mucho cuidado de no llamarlo igual que la Casa Blanca, sino que más bien lo calificaron como “acuerdo de cooperación”.
Para el director de Alianza Américas, “el acuerdo es contrario a la Constitución de Guatemala, a la legislación sobre migración y asilo de Estados Unidos, y a tratados internacionales sobre derechos humanos y sobre refugiados, ratificados por los dos países”.
Chacón también advirtió que Guatemala no tiene condiciones ni económicas, ni sociales, para poder recibir a las decenas de miles de migrantes salvadoreños y hondureños que buscan salvar sus vidas o un mejor trabajo en la nación que dirige Donald Trump. Solo en junio, por ejemplo, la Oficina estadounidense de Protección Aduanera y Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) reportó la detención de 9,789 grupos familiares, en la frontera con México, que provenían del Triángulo Norte centroamericano: Guatemala, Honduras y El Salvador. Además, en junio también detuvieron a 3,413 adultos que también venían de esos mismos tres países y 28 menores de edad acompañados. La CBP también consignó que detuvieron a 1,239 menores de edad que llegaron sin acompañante y, aunque están fuera del acuerdo de tercer país seguro, más de la mitad de estos niños y adolescentes venían desde Guatemala: 628.
En otras palabras, Trump y Morales buscan que los migrantes salvadoreños y hondureños esperen la respuesta a su solicitud de asilo en Guatemala, cuando desde ese país también salen otras miles de personas huyendo de lo mismo: pobreza, violencia y ausencia de un Estado que los proteja.
El procurador de derechos humanos de Guatemala, Jordán Rodas, emitió un comunicado en el que advirtió que el referido acuerdo de tercer país seguro tiene muchas fallas que deben obligar a que se declare nulo. Una de ellas es que fue Degenhart, ministro de Gobernación en el gabinete de Morales, quien firmó representando al Estado. Junto a la firma de él aparece la de Kevin McAleenan, secretario en funciones de Seguridad Nacional en el gabiente de Trump.
Según Rodas, en la Constitución no se le ha concedido la función a Degenhart, en tanto titular de su cartera, para suscribir acuerdos en nombre del Estado. También señaló el procurador que la Convención de Viena prohíbe que los acuerdos provengan de amenazas.
El 14 de julio, la Corte de Constitucionalidad emitió una resolución, en la que señaló que este acuerdo debía pasar por el parlamento guatemalteco porque generaba nuevas obligaciones para el Estado.
Como el acuerdo no avanzaba, Trump amenazó desde su cuenta de Twitter que le pondría castigos económicos a Guatemala, vía exportaciones o costos de envío de remesas.
Hasta el mismo Degenhart, durante una entrevista de televisión, admitió que habían cedido a presiones. “Nos permitió evitar una catástrofe económica que se iba a desarrollar de nuestro de país”, afirmó Degenhart. Incluso dijo que se habían puesto 1 millón de empleos en riesgo.
Por ahora, ni el gobierno salvadoreño ni el hondureño se han pronunciado al respecto. Es más, Honduras ha logrado el mismo acuerdo migratorio que lograron El Salvador y México. El equipo de Manuel López Obrador también implementará el programa Sembrando Vidas en Honduras más otro proyecto, llamado Jóvenes con Futuro (que no ha sido anunciado para El Salvador). Esta colaboración entre México y los países centroamericanos responde también a las amenazas de Trump contra la nación que dirige López Obrador, por no hacer los esfuerzos que se consideraban suficientes para controlar el flujo migratorio de los que buscan el norte.
