No se lamenten, organícense.
Sindicalista Joe Hill, pronuncia esta frase antes de ser fusilado
El pasado 18 de marzo, la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa (CMACC) en el marco de la discusión de la ley de aguas, a petición de su presidenta Marta Evelyn Batres Araujo de Arena, sometió a votación la conformación del ente rector del agua. La decisión se había postergado en diversas sesiones y legislaturas (debido a correlaciones y momentos electorales), pero aquella tarde la presidenta mostró inusual prisa por aprobar la conformación de la rectoría del agua.
La variante respecto de momentos anteriores, radicó en que Arena contaba con la correlación suficiente para hacer lo que ha deseado por años: privatizar el agua. Hecho que no se manifestó ese día exclusivamente, ha sido preparado desde mucho antes. Al ser Arena la principal fuerza política, en esta legislatura 2018-2021 reclamó la presidencia de la CMACC y se aseguró correlación suficiente. Por ello, no es casual que cuando la presidenta Batres preguntó sobre ¿quienes apoyan que los sectores industrial y agroindustrial estén en la rectoría del agua? A su votos se sumaran los de sus compañeros areneros: René Gustavo Escalante, Mayteé Gabriela Iraheta Escalante, Ricardo Ernesto Godoy Peñate, y los diputados Mario Antonio Ponce López, Raúl Beltrán Bonilla (PCN), Jorge Mazariego (PDC) y Santos Adelmo Rivas (Gana). Por si aquello no bastara, Arena envió a Mauricio Ernesto Vargas Valdez, diputado que no pertenece a la comisión, pero ejerce en ella más influencia que la misma presidenta Batres. Dignamente se abstuvo de participar el diputado Francisco José Zablah Safie (Gana), aunque más elogiable fue la votación en contra de las diputadas Dina Yamileth Argueta Avelar y Rina Idalia Araujo de Martínez ambas del FMLN.
El hecho mostró que existen votos suficientes para validar que la rectoría del agua, sea controlada por empresas que tienen como finalidad el lucro particular; por ello se entiende la férrea defensa que hiciera la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y que tildará de populistas las acciones que se oponen a aquella conformación; por su parte, la Asociación Azucarera de El Salvador, salió a condenar las marchas, pero lo más importante de su comunicado fue que aun cuando reconoce la crisis hídrica y que ellos no han solicitado ser parte de la rectoría, tampoco se oponen a ello. Es decir, necesitan estar dentro de donde se controla el agua.
El movimiento social se declaró emergencia y movilización permanente, afirmando que iniciarían acciones de movilización ciudadana y presión popular hasta que se revierta lo acordado y se apruebe una ley de aguas que busque resolver inequidades, con una rectoría totalmente pública.
La idea fue bien recibida por diferentes sectores y actores sociales, quienes mediante comunicados o acciones concretas buscaron incorporarse a defender un bien que entienden como: común, escaso y finito, pero además básico para la sustentabilidad biológica y reproductividad de la vida humana y de otras especies, en otras palabras, tiene un valor simbólico cultural y social que no podía quedar en manos privadas.
Sorpresivamente durante la sesión plenaria del jueves 21 de marzo, la CMACC fue convocada para dejar sin efecto la votación realizada unos días antes. El hecho permitió celebrar el 22 de marzo Día Mundial del Agua, con una revitalizada movilización y expresiones de lucha por una ley de aguas que permita la justicia social y no que la profundice.
Sin embargo, no se trata solo de dejar sin efecto la nefasta votación, los tiempos muestran que la lucha por el agua está en el campo de la batalla ideológica y política y que, más pronto que tarde, los movimientos laborales, feministas, urbanos, animalistas, ambientalistas y otros pueden combinarse en una fuerza democrática capaz de lograr transformar radicalmente la manera de ver la naturaleza, la economía, la política, los cuerpos y la misma sociedad.
No se trata de volver a cero (como se propuso a la hora de revertir el acuerdo), es el tiempo de una ley sustentable del agua, es decir, una normativa que contemple y desarrolle parámetros éticos; donde la equidad, justicia social, participación, consenso y pluralidad cultural, prevalezcan sobre los enfoques económicos o técnico-cientificistas.
