A cuatro años de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de El Salvador, declarara inconstitucional y derogara "Ley de Amnistía de 1993", en una sentencia que organizaciones sociales y de DDHH consideraron "histórica", estás mismas agrupaciones hicieron un llamado al Estado salvadoreño a hacer efectivo y cumplir con el mandato emanado del llamado máximo tribunal en justicia constitucional de El Salvador.
En tal sentido las agrupaciones cívicas exigieron "a la Asamblea Legislativa, que cumpla con su deber y garantice que la Ley de Reconciliación sea conforme con los estándares internacionales en materia de derechos humanos y respete integralmente la dignidad de las víctimas, asegurando su derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral. Una acción inmediata debe ser el estudio del veto presidencial al Decreto Legislativo (No 575) que contiene la Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional, aprobada por ese Órgano de Estado a finales de febrero de 2020".
La ley de amnistía de 1993 fue un acuerdo de las cúpulas políticas para procurarse impunidad entre las que fueron rivales en el conflicto armado en El Salvador, desde antes de 1980 y hasta 1992. La inmensa mayoría de casos de graves crímenes de lesa humanidad y de guerra, cometidas por la Fuerza Armada estatal y por las fuerzas insurgentes no podían ser procesados gracias a la amnistía proclamada por el entonces presidente Alfredo Cristiani en marzo de 1993, coincidiendo con el conocimiento público del Informe de la Verdad, auspiciado por Naciones Unidas (ONU).
En tanto, las agrupaciones cívicas también pidieron "al Presidente de la República, levantar las barreras que impiden el acceso a la documentación sobre el conflicto armado, especialmente la que obra en poder la Fuerza Armada. Asimismo, que profundice y amplíe los incipientes programas de reparación para las víctimas que durante toda su administración se han visto disminuidos o suspendidos. Finalmente, que brinde de inmediato un mayor respaldo a las dos comisiones existentes de búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto (CNB y CONABUSQUEDA), a fin de que puedan atender a la mayor brevedad posible las exigencias de las víctimas y familiares".
"A la Sala de lo Constitucional, que se mantenga vigilante para asegurar el cumplimiento de lo ordenado en su sentencia del 13 de julio de 2016 y que, en la medida que lo permita la situación sanitaria actual, reprograme la audiencia de seguimiento que estaba prevista para el 15 de abril de 2020 en la que debe revisar íntegramente el estado de cumplimiento de la referida resolución de inconstitucionalidad y adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar su cumplimiento", de acuerdo al documento firmado por las organizaciones sociales.
Y finalmente, estas agrupaciones le exigen "al Fiscal General de la República, que agilice las investigaciones y los procesos judiciales sobre los crímenes de lesa humanidad y de guerra ocurridos en el contexto del conflicto armado".
Entre los sonados casos aún en la impunidad en El Salvador, se encuentra el magnicidio del ahora santo Óscar Arnulfo Romero; la masacre de la UCA, masacres campesinas, los secuestros y asesinatos de los empresarios Ernesto Regalado, Roberto Poma y Mauricio Borgonovo, así como el asesinato del intelectual Roque Dalton y otros crímenes por los cuales en El Salvador los autores intelectuales y materiales nunca han sido procesados penalmente.
Lea comunicado completo: Cuatro años de inconstitucionalidad de la Amnistía
