América Latina es la región más desigual del mundo. Según un informe de Oxfam, la desigualdad es endémica y aparece en prácticamente todas las dimensiones. Es una región de contrastes donde coexisten el cinco por ciento de los milmillonarios del mundo con un gran número de personas que viven en la pobreza extrema.
En ese mismo sentido, coexisten casi 50 millones de personas que aún sufren hambre, 7.1 millones de niños menores de 5 años con desnutrición crónica, al tiempo que la obesidad, afecta al 23% de los adultos en la región. Diversos estudios han demostrado la estrecha relación entre pobreza, inseguridad alimentaria y hambre, que se expresa en la malnutrición. La ausencia de una dieta diversa, se traduce en el consumo de alimentos ricos en energía pero deficientes en vitaminas y minerales, con implicaciones en sobrepeso y obesidad con deficiencia de micronutrientes a nivel de las personas y la población. Dicha situación se da entre otras cosas, porque los alimentos ricos en calorías son menos costosos que aquellos “más nutritivos” como los alimentos de origen animal (leche, carnes), las frutas y los vegetales. Los hogares pobres se esfuerzan por adquirir alimentos que suplan sus necesidades alimentarias, considerando prioritariamente, que calmen el hambre.
En este contexto, abordar acciones integrales que impacten de manera positiva tanto la obesidad como el hambre, debe incorporar obligatoriamente la producción sostenible de alimentos frescos y nutritivos, donde la agricultura campesina, los pequeños agricultores familiares cumplen un rol importante.
Actualmente, cerca de 500 millones de pequeños productores de menos de 2 hectáreas (que equivalen al 85 por ciento de las tierras agrícolas en el mundo), producen una buena proporción del alimento que consumismos: es así como en África Subsahariana la agricultura familiar provee el 90 por ciento de los alimentos. En Guatemala las agriculturas familiares aportan el 70% y en Colombia entre el 50 y el 60%. Sin embargo, 6 de cada 10 pequeños agricultores en la región se encuentran en inseguridad alimentaria y el 65% viven en situación de pobreza.
De otra parte, a partir de un ejercicio de análisis realizado desde la Red de Aprendizaje Sobre Experiencias Innovadoras de Acceso a Mercados, iniciativa promovida por Oxfam y acompañada por el Centro Mainumy í‘akurutú, se describen dos modelos bien diferenciados para abordar esta labor: Por un lado están los mercados globales, en los cuales, entre el 2 y 10% de las y los pequeños agricultores se han incorporado a las cadenas de valor global, que implican el cumplimiento de estándares industriales de calidad y volumen de producción con una desigual distribución del valor generado: una parte aporta la materia prima (pequeños productores) mientras que todas las decisiones estratégicas son tomadas por los compradores o la agroindustria.
Por otro lado, están los circuitos cortos de comercialización, o CCC, “para agriculturas indígenas y campesinas diversificadas”, que buscan asegurar los alimentos a escala familiar y territorial y generar ingresos. También favorecen las relaciones en el ámbito rural y entre el campo y la ciudad, tienen bajo impacto sobre los recursos naturales y refuerzan una identidad local. Así mismo, contribuyen a la estructuración de territorios sostenibles en términos económicos, alimentarios y sociales, aporta en la construcción de lazos con los consumidores y refuerzan la identidad cultural y gastronómica de cada región.
Según la FAO, la agricultura familiar es un sector clave para lograr la erradicación del hambre y el cambio hacia sistemas agrícolas sostenibles en América Latina y el Caribe y el mundo. Los pequeños agricultores son aliados de la seguridad alimentaria y actores protagónicos en el esfuerzo de los países por lograr un futuro sin hambre. En la región, el 80% de las explotaciones pertenecen a la agricultura familiar, incluyendo a más de 60 millones de personas, convirtiéndose en la principal fuente de empleo agrícola y rural. No sólo producen la mayor parte de los alimentos para el consumo interno de los países de la región, sino que habitualmente desarrollan actividades agrícolas diversificadas, que les otorgan un papel fundamental a la hora de garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad.
En consecuencia, se hace necesaria la construcción de una agenda que incorpore de manera simultánea e integral políticas públicas de reducción de la pobreza y la desigualdad, seguridad, soberanía alimentaria y nutricional, salud pública y agricultura familiar. La participación de los agricultores familiares en ello es fundamental. Ellos y ellas no solo son una fuerza laboral en la región. También son una fuerza social y política que históricamente ha contribuido en la transformación de las relaciones de poder de la sociedad latinoamericana.
En este contexto, en una alianza OXFAM ““ FIDA ““ Prisma ““ RIMISP, estamos iniciando un proyecto que fortalecerá la agenda de diálogo de políticas públicas que contribuya a la inclusión, democracia y a la disminución de la pobreza para Centroamérica y República Dominicana. Este es el objetivo del Proyecto: “Programa Diálogo Rural Regional – Centroamérica y República Dominicana”, que se presentó recientemente en San Salvador. Es un Proyecto financiado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la agencia de Naciones Unidas para el desarrollo rural y el Consorcio PRISMA-OXFAM-RIMISP y beneficiará a más de 600 mil familias de la agricultura familiar en Centroamérica y República Dominicana que forman parte del Programa Dialogo Regional Rural (PDRR) en los próximos 3 años.
