La Ley Especial de Extinción de Dominio y de la Administración de los Bienes de Origen o Destinación Ilícita de El Salvador establece que todos los bienes provenientes de actividades ilícitas deberán serán titularizados a favor del Estado por medio de una sentencia de autoridad judicial.
En la mayoría de operativos que realiza la Policía Nacional Civil (PNC) en contra de estructuras pandilleriles y de crimen organizado incauta una gran cantidad de dinero, el cual previene de extorsiones, robos, secuestros, drogas y otro tipo de delitos.
La ley mencionada fue creada con el fin “de combatir toda actividad ilícita a través de un mecanismo legal que permita al Estado prevenir y combatir más eficazmente esas actividades, procediendo sobre los bienes de origen o destinación ilícita”.
De acuerdo a estadísticas del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), desde 2013, año en que se decretó la ley, a lo que va del 2017 se ha incautado a estructuras delincuenciales un total de $2 millones 744 mil 761 dólares.
Ante esto, el exfiscal general, Astor Escalante explicó a ContraPunto que el dinero y bienes decomisados a grupos pandilleriles son custodiados provisionalmente por el Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB), el cual se encarga también de trasparentar la destinación de lo incautado.
Los fondos son distribuidos de la siguiente manera: 15% al CONAB; 35% al MJSP; 35% a la Fiscalía General de la República (FGR); 10% al Ministerio de Defensa Nacional (MDN); y el 5% a la Procuraduría General de la República (PGR).
“Ahí van a parar los bienes incautados a pandilleros y de todos aquellos que no han podido justificar su procedencia. El Estado los distribuye entre la Fiscalía, Ministerio de Justicia y Seguridad, Procuraduría General de la República y Ministerio de la Defensa”, explicó Escalante.
El CONAB está compuesto por autoridades de PNC, Ministerio de Seguridad, Fiscalía y Ministerio de Hacienda. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, destacó que el trabajo del ente en la administración de estos bienes es de vital importancia.
“El Consejo es independiente, tanto administrativa como técnicamente, y ninguno de los titulares puede imponer ninguna decisión o criterio, sino que todas las decisiones son tomadas en el seno del mismo consejo”, explicó.
Ramírez Landaverde dio a conocer el informe donde se detalla la repartición de los fondos incautados a criminales este martes a la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad de la Asamblea Legislativa.
