La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia en contra de los magistrados de la Sala de lo Penal, José Argueta y Juan Bolaños, por el delito de prevaricato tras negar la reapertura del Caso Masacre de la UCA, en la que fueron asesinados el 16 de noviembre de 1989, dos mujeres y seis sacerdotes jesuitas, entre ellos Ignacio Ellacuría, rector del alto centro docente.
Dice el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) que de ambos magistrados existen suficientes indicios de haber cometido el delito de prevaricato, contenido en el último inciso del artículo 310 del Código Penal: “el juez que, por negligencia o ignorancia inexcusable, dictare sentencia manifiestamente injusta, será sancionado con prisión de dos a cuatro años”.
Y agrega: Los magistrados habrían incurrido en tal delito porque, entre otros motivos, para negar la reapertura del Caso Jesuitas, en su decisión sobre la casación ilegalmente solicitada por los militares acusados, omitieron completamente, por negligencia o ignorancia inexcusable, cualquier referencia a la sentencia definitiva de la Inconstitucionalidad 44-2013 Ac, la que declaró inconstitucional la amnistía absoluta y como no prescritos los crímenes detallados en el Informe de la Comisión de la Verdad, en el que se incluye el Caso Jesuitas, así como aquellos de igual o mayor trascendencia y gravedad cometidos durante el conflicto armado.
El Caso Masacre de la UCA ocurrió el 16 de noviembre de 1989, donde elementos del batallón élite Atlacatl del Ejército de El Salvador, asesinó a los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amado López y Juan Ramón Moreno, y al salvadoreño Joaquín López. También asesinó a Elba Ramos y su hija Celina, ama de llaves de los religiosos.
Los principales jefes acusados de la masacre serían el expresidente Alfredo Cristiani, así como los exgenerales Humberto Larios, Juan Bustillo, Francisco Fuentes y Rafael Zepeda, el fallecido René Emilio Ponce y el coronel Inocente Montano, este último, recién condenado en España por más de 100 años.
Llamado a la Sala de lo Constitucional
La UCA le hace un llamado a la Sala de lo Constitucional para que ejerza, de oficio, un control sobre sus decisiones judiciales, en el marco de sus atribuciones, encaminado a garantizar el efectivo cumplimiento de su jurisprudencia por parte de todos los órganos estatales, incluido el judicial; puesto que el precedente de la Sala de lo Penal también puede truncar la justicia en casos como la Masacre de El Mozote o el asesinato de Monseñor Romero, entre muchos otros más.
Esta denuncia es la primera acción legal que se emprende con el propósito que se corrijan los retrocesos observados en la implementación de la justicia transicional en El Salvador. El próximo año se emprenderán otras acciones más, a nivel nacional e internacional.
