El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador realiza este domingo la audiencia inicial en contra de los imputados en el caso “Saqueo Público” en el que Fiscalía General de la República (FGR) les acusa de Peculado, Lavado de dinero y encubrimiento, en una trama presuntamente dirigida por el expresidente Mauricio Funes para desviar más de $351 millones de dólares de fondos públicos durante su quinquenio presidencial entre 2009 y 2014.
Hasta el momento solo han sido capturadas seis personas de las 31 que tienen orden de captura. Entre los seis detenidos se encuentra el empresario Miguel Menéndez (Mecafé) así como amigos, allegados al exmandatario y exfuncionarios.
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Los seis llegaron fuertemente custodiados a las instalaciones del Centro Judicial “Isidro Meléndez” en San Salvador. La FGR presentó ayer, la abundante prueba que tiene sobre el caso, y hubo necesidad de trasladar la prueba en cajas dentro de un pequeño furgón.
En cuanto a los acusados ausentes se encuentran el exmandatario y su actual pareja, Ada Michelle Guzmán y sus padres; Elvy Marina Paz y Regina Cañas, ambas excompañeras de vida de Funes; Carlos Mauricio y Diego Roberto Funes, ambos, hijos del expresidente; Cristina Pignato, hermana de la exesposa de Funes y exprimera Dama, Vanda Pignato; David Rivas, exvocero de Casa Presidencial, entre otras personas.
Tanto Funes como sus hijos y su actual pareja, son refugiados del Gobierno de Nicaragua desde septiembre de 2016 cuando Funes señaló de ser perseguido político y judicial en El Salvador.
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El fiscal general, Douglas Meléndez dijo ayer a medios locales que será decisión del juez resolver el tema de la extradición de quienes están fuera del país, posterior a resolver la situación jurídica de los seis acusados presentes.
"El juez tiene que resolver en cuanto a los imputados presentes. Ese es el procedimiento (…) posteriormente tendrá, previa notificaciones a los ausentes, cinco días para resolver en cuanto a los imputados que no fueron capturados, o sea los ausentes”, explicó Meléndez a medios locales.
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Magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) expresaron ayer, según publica el medio La Prensa Gráfica, que quienes son acusados de delitos, no tienen derecho al asilo político según tratados internacionales, por lo que si se declara difusión roja a la Policía Internacional (INTERPOL) en contra de los acusados fuera del país, los gobiernos de esos países están obligados a extraditarlos.
“El asilo o refugio, dependiendo de la figura que se aplique, es para las personas que tienen temor fundado de persecución legítima y real. La persecución que hace un juez de lo Penal cuando emite una orden de captura no es ilegal, todo lo contrario, es para cumplir el mandato de perseguir el delito y hacer justicia en los delitos. No estoy hablando del caso del señor expresidente, sino que estoy hablando en general de la figura del asilo y del refugio”, dijo el magistrado de la referida Sala, Florentín Meléndez.
Los acusados presentes conocerán este domingo si su caso pasa a la siguiente etapa del proceso, y si gozarán de medidas alternas a la detención o se les decreta prisión provisional