Por Alonso Rosales
Las recientes acusaciones de acoso sexual contra una ejecutiva de JPMorgan Chase, negadas categóricamente por la implicada y cuestionadas por la empresa, han vuelto a poner en el centro del debate la persistencia del acoso sexual en estructuras corporativas y gubernamentales. Aunque el caso aún está en disputa legal y carece de conclusiones judiciales, ilustra patrones ampliamente documentados por la literatura académica: asimetrías de poder, miedo a represalias y subregistro de denuncias.
Diversos estudios internacionales coinciden en que el acoso sexual sigue siendo un fenómeno extendido. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), alrededor del 23% de las personas trabajadoras en el mundo ha experimentado alguna forma de violencia o acoso en el ámbito laboral. En el caso específico del acoso sexual, las mujeres reportan mayores tasas: aproximadamente 1 de cada 3 ha enfrentado conductas inapropiadas en su vida laboral, mientras que en hombres la cifra oscila entre el 10% y el 15%, aunque con un alto nivel de subregistro debido al estigma social.
En Estados Unidos, datos de la Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) indican que entre el 25% y el 85% de las mujeres han experimentado acoso sexual en el trabajo, dependiendo del sector y la metodología del estudio. Sin embargo, solo entre el 6% y el 13% de los casos son formalmente denunciados. En hombres, aunque la prevalencia es menor, se estima que representan cerca del 16% de las denuncias formales, una cifra que ha ido en aumento en la última década.
En el ámbito gubernamental, investigaciones del Banco Mundial y de organismos regionales sugieren que el acoso también está presente en instituciones públicas, donde la jerarquía rígida y la politización pueden dificultar la denuncia. En América Latina, estudios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe muestran que entre el 30% y el 50% de las mujeres en el sector público han experimentado situaciones de acoso o violencia laboral.
El caso reciente también refleja un elemento clave identificado por la academia: el rol de los departamentos de recursos humanos. Investigaciones sugieren que, en muchas ocasiones, estas instancias priorizan la protección institucional sobre la del denunciante, lo que contribuye a la desconfianza y al silencio.
En conclusión, más allá de la veracidad de las acusaciones específicas —que deberán ser determinadas por las autoridades competentes—, el caso subraya la necesidad de fortalecer mecanismos de denuncia independientes, políticas de prevención efectivas y una cultura organizacional que reduzca las brechas de poder. La evidencia empírica demuestra que el acoso sexual no es un fenómeno aislado, sino estructural, que afecta tanto a mujeres como a hombres y requiere respuestas integrales basadas en datos y transparencia.
