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jueves, 06 de mayo del 2021

Acuerdos de Paz y seguridad pública

De este problema de la militarización de la seguridad pública, dificultad histórica de nuestro paí­s, que de cara a nuestra reputación internacional presumí­amos habí­a sido superado por los Acuerdos de Paz casi no se habla.

Recientemente, acerca de este medular significado, sólo he conocido dos razonamientos: Militarización: solución o involución, de Rafael Ernesto Góchez, economista (LPG, Sábado 26 de Marzo, 2016) y el que publica El Mundo este
primer sábado de Abril 2016, de Jorge Castillo, politólogo.

Por el contrario, la obstinación casi en coral ha sido y es de más militares, más funciones para la Fuerza Armada, más armas, más gas pimienta y macanas, chalecos antibalas. Se justifica, se dice, por la inhabilidad de la PNC para cumplir su misión. Ciertos polí­ticos proponen incluso la pena de muerte y la creación de otra institución armada, nueva, porque las que se tienen no bastan. Algunos que se han pronunciado con reciedumbre en contra,
guardan sigilo, incluyendo algunos firmantes de tales Acuerdos. Estos incluso felicitan este proceso de re militarización. Es más, lo aconsejan, viéndolo normal, natural: "es que es otro momento", sentencian sinvergüenzas.

Si tales conselleirs vinieran de las derechas, no serí­a insólito. Lo alarmante es que emanan de palabreros que creen ser de izquierda o bien democráticos. Una diferencia entre derecha e izquierda es que los primeros son y han sido siempre corruptos y corruptores y los segundos no lo deberí­an. Existe otra: Los primeros creen casi solamente en el uso de la fuerza y la represión para encarar y "resolver" conflictos, los segundos prefieren la negociación y el consenso.

Estoy en contra del militarismo, pues este trae a cuenta todo lo que esta noción y práctica ha hecho aquí­, en América Latina y el mundo. Militarismo puro: militares y civiles sin control, arguyendo que combatí­an al enemigo interno, el comunismo, para defender libertades y democracia. Algunos, por no decir muchos de ellos, andan sueltos, impunes, disfrutando de privilegios del Estado.

Esto no deberí­a estar sucediendo, pero se tendrí­a evitado sí­ y solo si habrí­amos sido capaces de lograr construir los cimientos de un Estado de Derecho y su institucionalidad siguiendo la concepción plasmada en los acuerdos de paz. Solamente se cumplió con la depuración de la Fuerza Armada, esta, sin embargo, a mi comprender, fue solamente cuantitativa y no cualitativa.  Las nuevas instituciones creadas, como la PNC, nacieron con muchas fallas de
origen. Su contexto de Estado oligárquico y por tanto ilí­cito, no se saneó.

El apoyo unánime que muchos, hoy por hoy, celebran por las llamadas medidas excepcionales, no debe pillarnos porque para la derecha es una cierta conquista que ellos vienen reivindicando, nonasegundos después de la firma de la Paz: involucrar de nuevo a los militares allí­ donde el Pacto que puso fin a la guerra, decidió que ya no debí­an existir, a no ser que se trate de un estado excepcional de emergencia: en la seguridad pública.

Y este proceso de implicar más a los militares en esta trama, el gobierno anterior lo acarreó a su extremo, cuando nombró a un general como Ministro de Seguridad y Justicia y a otro como Director de la PNC. Esta disposición presidencial fue declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de la CSJ.

Hoy uno de los que apoyan las medidas ha dicho que “si la Fuerza Armada sale a las calles tiene que estar sometida a las autoridades civiles”. La FAES ya está en las calles desde el año 1993. Pero hay más: militares retirados han sido impulsores de darle más libertad a la Fuerza Armada, sugieren que lo mejor serí­a que la Fuerza Armada  respondiera al Estado Mayor Conjunto y que ellos puedan realizar su propia inteligencia, su propia
estrategia militar…

El control de lo militar por el poder civil electo democráticamente, es una tarea indelegable e insoslayable del régimen polí­tico en el proceso de instauración de un Estado de Derecho. Y debe de ponerse en práctica, no solo es un asunto de protocolo. Si no se hace seguro que pronto enfrentaremos un grave conflicto polí­tico de gobernabilidad que no será un demonio invento de la delincuencia. Ante bien, de los errores dados a la hora
de que a la izquierda le ha tocado gobernar, atizados, excitados, dramatizados, claro está, por los militaristas donde observamos, como siempre, a muchí­simos civiles y no solamente de derechas.

Tengo razones para creer que el Jefe de Estado, negociador de la Paz, la Fuerza Armada está subordinada a su autoridad en su calidad de Comandante General, no comparte esta idea de involucrar de nuevo y más a la FAES dándole nuevas facultades de seguridad pública. Una razón: dentro del FMLN, es uno (quizás el primordial)
de los defensores del Pacto y concibe bien que su trascendencia histórica-estratégica, tal como está empapado todo el alma del acuerdo, fue justamente la desmilitarización de la seguridad pública y también del paí­s
junto a la preeminencia del poder civil democráticamente electo. ®

Antonio Martínez-Uribe
Antonio Martínez-Uribe
Columnista Contrapunto

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