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jueves, 24 de junio del 2021

Activistas denuncian retrocesos en protección a comunidad LGBTI

Acoso policial, casos archivados y falta de respaldo jurí­dico son parte de las denuncias que las organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron.

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Los representantes de las organizaciones para la defensa de los derechos de la comunidad LGBTI+ en El Salvador advirtieron sobre retrocesos en la protección y defensa de los miembros de este colectivo.

Durante la presentación del informe “El prejuicio no conoce fronteras”, mujeres y hombres que viven la diversidad sexual expresaron su preocupación por situaciones que van desde arrestos no justificados hasta dejar en un limbo jurí­dico las herramientas legales que les permitirán mejorar su calidad de vida.

“Existe un grave retroceso y no vamos a taparlo”, advirtió Bianca Rodrí­guez, directora ejecutiva de COMCAVI TRANS. La directora de esta asociación detalló dos situaciones en particular que han despertado las alertas. Una de ellas son las acciones que son parte de “las medidas de seguridad” que ha reforzado el actual Gobierno; en concreto, el aumento de la presencia policial y de las capturas. “Están haciendo que se exacerbe la violencia contra la población LGBTI”, manifestó Rodrí­guez.   

La directora de COMCAVI TRANS explicó después con más detalle. Las mujeres trans que se dedican al comercio sexual en zonas especí­ficas de la capital también reciben presión de los pandilleros y otros grupos criminales, como parte del control territorial que ellos ejercen y que afecta a todas las actividades que generan ingresos. “Ellas no tienen a su familia y  buscan otros cí­rculos para subsistir. Desde estas organizaciones criminales las obligan a cometer ilí­citos”, relató Rodrí­guez. “Después llegan los policí­as, hacen redadas con pandilleros y las asocian (a las mujeres trans dedicadas al comercio sexual) con las estructuras delincuenciales”, agregó.

Pero esto no termina ahí­. Una vez detenidas, como es el proceso, las llevan a bartolinas. Cuando están ahí­, los policí­as las manosean en partes í­ntimas, sin su consentimiento. “Eso es violencia y es abuso”, recalcó la vocera de la asociación, quien ha escuchado directamente estas experiencias de quienes las vivieron.

Durante el evento, Rodrí­guez también se refirió a la supresión de la Secretarí­a de Inclusión Social (SIS), donde este colectivo habí­a logrado avances concretos en materia jurí­dica. Uno de ellos es el Decreto Ejecutivo 56, publicado en el Diario Oficial en 2010. Este decreto prohibí­a cualquier tipo de discriminación por la identidad de género y sus manifestaciones, o por la orientación sexual, dentro del sector gubernamental. Ahora, su aplicación en el sector público queda en incertidumbre y a la discreción de los titulares si se cumplen, o no.

El informe “El prejuicio no tiene fronteras” resaltó que en El Salvador, desde 2014 hasta 2019, se registran 53 homicidios de personas que pertenecí­an a la comunidad LGBTI.  En nueve paí­ses que cubre el informe, son 1,292 homicidios. El paí­s con mayor cantidad de casos es Colombia, con 542 homicidios. Luego, cuando se habla de la incidencia, es Honduras el que tiene la mayor tasa de homicidios de personas de la comunidad LGBTI, con 0.0184 a 2019. Le sigue El Salvador, con 0.074 para ese mismo año.

Carlos Rodrí­guez, de la Procuradurí­a para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) señaló que según los datos que maneja esta institución, hasta 2019 tienen registro de 27 homicidios contra la comunidad LGBTI. De estos, explicó, dos ya fueron archivados ““no se completó la investigación”“ y tres han conseguido llegar a la judicialización.

Fiscalí­a busca mejorar atención a ví­ctimas

Graciela Sagastume, de la Dirección Nacional de la Mujer, Niñez, Adolescencia, LGBTI y grupos vulnerables en la Fiscalí­a General de la República (FGR) señaló que desde la institución han decidido formular una polí­tica de persecución penal especí­fica para los casos que involucran a grupos vulnerables, como esta comunidad.

Sagastume señaló que hace falta preparar a los fiscales con información y talleres, para tener una mejor comprensión de cómo manejar estos delitos provocados por prejuicios y desprecio por las personas.

La funcionaria de la FGR destacó que en casos de homicidios “el cuerpo de la ví­ctima habla mucho más que cualquier informe. El cuerpo de la ví­ctima da mucha más información” que cualquier testigo. Por ejemplo, por el nivel de daño fí­sico, mutilaciones, heridas, que revelan el desprecio y la saña del victimario.

En cuanto a resolver los casos, Sagastume dijo que también están en camino de trabajar las agresiones partiendo de la hipótesis del prejuicio. Este enfoque se sale de la esfera de lo í­ntimo y muestra todas las ideas y concepciones que llevaron a un criminal a asesinar a un miembro de la comunidad LGBTI.  Es una perspectiva más amplia que basarse en un crimen por odio, que habla de una situación más í­ntima.

Sagastume advirtió, además, que hace falta que las personas que son ví­ctimas tengan la información sobre cómo denunciar. “No tenemos una cultura de denuncia. Dejamos que se nos violenten los derechos y no exigimos a las autoridades correspondientes”, subrayó la representante de la FGR. “Muchas veces, nos hacen discriminación y no sabemos que eso es un delito”, agregó, también.

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Redacción ContraPunto
Nota de la Redacción de Diario Digital ContraPunto
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