Los representantes de las organizaciones para la defensa de los derechos de la comunidad LGBTI+ en El Salvador advirtieron sobre retrocesos en la protección y defensa de los miembros de este colectivo.
Durante la presentación del informe “El prejuicio no conoce fronteras”, mujeres y hombres que viven la diversidad sexual expresaron su preocupación por situaciones que van desde arrestos no justificados hasta dejar en un limbo jurídico las herramientas legales que les permitirán mejorar su calidad de vida.
“Existe un grave retroceso y no vamos a taparlo”, advirtió Bianca Rodríguez, directora ejecutiva de COMCAVI TRANS. La directora de esta asociación detalló dos situaciones en particular que han despertado las alertas. Una de ellas son las acciones que son parte de “las medidas de seguridad” que ha reforzado el actual Gobierno; en concreto, el aumento de la presencia policial y de las capturas. “Están haciendo que se exacerbe la violencia contra la población LGBTI”, manifestó Rodríguez.
La directora de COMCAVI TRANS explicó después con más detalle. Las mujeres trans que se dedican al comercio sexual en zonas específicas de la capital también reciben presión de los pandilleros y otros grupos criminales, como parte del control territorial que ellos ejercen y que afecta a todas las actividades que generan ingresos. “Ellas no tienen a su familia y buscan otros círculos para subsistir. Desde estas organizaciones criminales las obligan a cometer ilícitos”, relató Rodríguez. “Después llegan los policías, hacen redadas con pandilleros y las asocian (a las mujeres trans dedicadas al comercio sexual) con las estructuras delincuenciales”, agregó.
Pero esto no termina ahí. Una vez detenidas, como es el proceso, las llevan a bartolinas. Cuando están ahí, los policías las manosean en partes íntimas, sin su consentimiento. “Eso es violencia y es abuso”, recalcó la vocera de la asociación, quien ha escuchado directamente estas experiencias de quienes las vivieron.
Durante el evento, Rodríguez también se refirió a la supresión de la Secretaría de Inclusión Social (SIS), donde este colectivo había logrado avances concretos en materia jurídica. Uno de ellos es el Decreto Ejecutivo 56, publicado en el Diario Oficial en 2010. Este decreto prohibía cualquier tipo de discriminación por la identidad de género y sus manifestaciones, o por la orientación sexual, dentro del sector gubernamental. Ahora, su aplicación en el sector público queda en incertidumbre y a la discreción de los titulares si se cumplen, o no.
El informe “El prejuicio no tiene fronteras” resaltó que en El Salvador, desde 2014 hasta 2019, se registran 53 homicidios de personas que pertenecían a la comunidad LGBTI. En nueve países que cubre el informe, son 1,292 homicidios. El país con mayor cantidad de casos es Colombia, con 542 homicidios. Luego, cuando se habla de la incidencia, es Honduras el que tiene la mayor tasa de homicidios de personas de la comunidad LGBTI, con 0.0184 a 2019. Le sigue El Salvador, con 0.074 para ese mismo año.
Carlos Rodríguez, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) señaló que según los datos que maneja esta institución, hasta 2019 tienen registro de 27 homicidios contra la comunidad LGBTI. De estos, explicó, dos ya fueron archivados ““no se completó la investigación”“ y tres han conseguido llegar a la judicialización.
Fiscalía busca mejorar atención a víctimas
Graciela Sagastume, de la Dirección Nacional de la Mujer, Niñez, Adolescencia, LGBTI y grupos vulnerables en la Fiscalía General de la República (FGR) señaló que desde la institución han decidido formular una política de persecución penal específica para los casos que involucran a grupos vulnerables, como esta comunidad.
Sagastume señaló que hace falta preparar a los fiscales con información y talleres, para tener una mejor comprensión de cómo manejar estos delitos provocados por prejuicios y desprecio por las personas.
La funcionaria de la FGR destacó que en casos de homicidios “el cuerpo de la víctima habla mucho más que cualquier informe. El cuerpo de la víctima da mucha más información” que cualquier testigo. Por ejemplo, por el nivel de daño físico, mutilaciones, heridas, que revelan el desprecio y la saña del victimario.
En cuanto a resolver los casos, Sagastume dijo que también están en camino de trabajar las agresiones partiendo de la hipótesis del prejuicio. Este enfoque se sale de la esfera de lo íntimo y muestra todas las ideas y concepciones que llevaron a un criminal a asesinar a un miembro de la comunidad LGBTI. Es una perspectiva más amplia que basarse en un crimen por odio, que habla de una situación más íntima.
Sagastume advirtió, además, que hace falta que las personas que son víctimas tengan la información sobre cómo denunciar. “No tenemos una cultura de denuncia. Dejamos que se nos violenten los derechos y no exigimos a las autoridades correspondientes”, subrayó la representante de la FGR. “Muchas veces, nos hacen discriminación y no sabemos que eso es un delito”, agregó, también.
