La Asociación Nacional Campesina del Coordinador Nacional Agrario de Colombia lanzó la campaña “Ser líder social no es delito” para denunciar los abusos y violencia cometida contra activistas sociales en el país sudamericano.
“En el marco de los asesinatos y montajes judiciales contra los líderes y lideresas sociales por parte del Estado colombiano, se ha impulsado la campaña Ser líder social no es delito para denunciar estos hechos y al tiempo ser pretexto de la unidad entre las comunidades organizadas y todo el pueblo colombiano víctima potencial de esta estrategia estatal”, expresaron por medio de un comunicado.
Los activistas denuncian que el Estado de Colombia ha implementado una estrategia de abuso sistemático en contra de líderes sociales para desarticular las organizaciones civiles.
“En tan solo los primeros 6 meses de este año, se han judicializado a 67 personas miembros del Congreso de los Pueblos (CDP) en procesos efectivos, es decir, llevados a una instancia judicial para privarlos de la libertad. En el tema de asesinatos, van 362 líderes asesinados en todo el país, concentrándose hacia el Pacífico y suroccidente colombiano, donde también se han perseguido miembros del CDP. Ahora bien, surge la duda que, si en este territorio donde son altas las cifras de homicidios, el Estado no atiende la problemática sino por el contrario persigue a los liderazgos sociales ¿cuáles son las prioridades del Estado? ¿Por qué el Estado no protege a estas comunidades?”, cuestionan.
La Asociación ha aconsejado a los activistas tomar una serie de medidas para prevenir ataques judiciales en su contra, como discreción en la información interna de las organizaciones y mantenerse unidos.
“Una tercera recomendación es un llamado fuerte a la solidaridad, porque las acciones colectivas como marchas, informar y denunciar en todos los medios posibles, fortaleciendo la campaña, podrá hacer que nos protejamos de la estrategia del Estado que quiere impedir la movilización y desarticular al movimiento social”, aseguran.
En lo que va del 2018, el número de docentes asesinados, en particular por su compromiso con la lucha social y sindical, registra un incremento preocupante, según organizaciones sociales colombianas.
