Caiga quien caiga, la CICIES debe avanzar desde las causas estructurales de la corrupción.
La corrupción no estuviera enraizada en nuestra sociedad si no tuviese a la impunidad como su principal aliada. La práctica de corruptos y corruptores sin el correspondiente castigo sienta el precedente de que a todo nivel pueden seguirse cometiendo hechos de corrupción, sin que los actores sean alcanzados por la justicia pese al grave daño que causan sus acciones.
Afirmar que la corrupción provoca muertes no resulta ninguna exageración. Fondos que deben ser destinados a proyectos sociales y respuestas efectivas e inmediatas en caso de socorro y apoyo a sectores vulnerabilizados por inequidades económicas o emergencias climatológicas, desaparecen de las arcas públicas. Fondos que deberían orientarse al fortalecimiento y ejecución de planes integrales en materia de seguridad pública y cumplimiento de garantías de los derechos sociales, se ven disminuidos porque se priorizan programas y proyectos en función de intereses de quienes toman las decisiones sobre el destino de los recursos.
No basta que algunos funcionarios, incluidos ex presidentes, sean sometidos a procesos civiles, penales o señalados públicamente por sus vínculos con graves hechos de corrupción. Muchas veces, las acciones legales obedecen más a represalias contra adversarios políticos ejercidas desde el control partidario de instancias estatales o la alineación partidaria de sus titulares. Al moverse intereses o conveniencias partidarias, los procesos legales también se modifican en función de acuerdos entre estos intereses y los sectores que representan o los han cooptado, favoreciendo con ello a la impunidad.
Por esa razón, una iniciativa de investigación contra la corrupción debe garantizar independencia y la convergencia de todas las instancias estatales cuyo mandato se vincula con la confrontación y erradicación de este flagelo, lo que implica abordar a fondo sus causas estructurales. En el marco del anuncio de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en El Salvador, llamada CICIES, la participación de Naciones Unidas es de vital importancia, así como también la garantía del saneamiento y fortalecimiento del Sistema judicial a través de la participación activa de la Fiscalía General de la República y un acuerdo con la Asamblea Legislativa.
No hacerlo de esta manera, negando o evadiendo el consenso e involucramiento de todos los actores indispensables, la CICIES, aunque su nombre lo invoque, no sería una comisión ni contra la impunidad ni tampoco internacional. A lo sumo, estaríamos refiriéndonos a una iniciativa presidencial que, aunque llevara casos incluso notorios sobre hechos de corrupción ocurridos en gestiones gubernamentales anteriores, difícilmente ofreciera garantía real de independencia, autonomía, credibilidad y, lo más triste, efectividad, puesto que no alcanzara, como un esfuerzo de nación, a la impunidad de redes ilícitas y poderes fácticos como raíz principal de este problema.
Estamos en el tiempo justo para orientar por este rumbo el importante esfuerzo de una CICIES construida desde el dialogo político y con claras finalidades a largo plazo. Más allá que apoyos técnicos puntuales, la impunidad es el punto a focalizar primero. Necesario y bienvenido, en ese sentido, el apoyo que Naciones Unidas pueda ofrecer para ello.
