Por Alonso Rosales
En un giro inevitablemente contradictorio de la política exterior estadounidense, el presidente Donald J. Trump continua demostrando que, cuando se trata de intereses geopolíticos —especialmente aquellos ligados al petróleo—, pocos escrúpulos son suficientes para frenar su apoyo a figuras con sombras de sospecha vinculadas al narcotráfico.
Recientemente, Delcy Rodríguez, ahora gobernante interina de Venezuela, se ha visto nuevamente en el centro de la polémica internacional después de que documentos obtenidos por The Associated Press revelaran que estuvo durante años en la mira de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). Según esos registros, en 2022 fue incluso identificada como un “objetivo prioritario” de investigaciones antinarcóticos, una designación que la DEA reserva para personas que, según ellos, podrían tener un “impacto significativo” en el tráfico de drogas.
La agencia norteamericana no ha presentado cargos formales contra Rodríguez, ni ha sido imputada judicialmente, pero el interés de la DEA data de al menos 2018, con supuestas indagaciones que abarcan desde narcotráfico hasta lavado de dinero y contrabando de oro. Algunos informes sugieren que se investigaron negocios vinculados a asociados cercanos y a excolaboradores de Nicolás Maduro, aunque sin acusaciones públicas hasta ahora.
A pesar de este oscuro telón de fondo, Trump ha optado por situarla como una pieza clave en la nueva estrategia estadounidense en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses, en una operación que buscaba enfrentar cargos de narcotráfico y narco-terrorismo contra el expresidente venezolano.
Esta posición del mandatario no es nueva. A lo largo de sus mandatos, Trump ha demostrado una propensión a indultar o mostrarse cercano con figuras cuestionadas, siempre y cuando eso suponga beneficios estratégicos o económicos para EE. UU. El lema implícito parece ser: mientras haya petróleo en la ecuación, las conexiones turbias pasan a segundo plano.
La narrativa política que rodea a Rodríguez refleja esa lógica pragmática: a pesar de las décadas de corrupción endémica en Venezuela y las sospechas de nexos con redes ilícitas, Washington la presenta como interlocutora “estable” y lista para cooperar, en parte porque su gestión podría facilitar el acceso estadounidense a los vastos recursos energéticos del país sudamericano. Aquí entra, de manera casi simbólica, la famosa frase de Trump en uno de sus anuncios políticos más recientes: «a mí me gusta la gasolina», un guiño cultural que, aunque ligero en tono, resume el enfoque prioritario de su administración cuando se trata de intereses concretos.
Mientras tanto, analistas críticos señalan que este acercamiento socava el principio de combatir el narcotráfico y la corrupción, elevando a la categoría de aliados a individuos que, aunque no acusados formalmente, han sido objeto de investigaciones serias. En otras palabras, la política exterior de Trump parece definir a sus amigos no por su historial moral, sino por la conveniencia geoestratégica.
En un mundo ideal, las relaciones internacionales se construirían sobre la base del estado de derecho y la lucha honesta contra el crimen organizado. En el escenario actual, queda claro que a Trump —y a su administración— le gusta la gasolina, incluso si la persona que tiene el poder para dársela lleva un pasado oscuro que todavía hojea la DEA.
Fuentes
- The Associated Press – Documentos muestran que Delcy Rodríguez ha estado en la mira de la DEA durante años y fue denominada objetivo prioritario en 2022.
- Telemundo – Reporte sobre los archivos de inteligencia de la DEA relacionados con Delcy Rodríguez.
- Reuters & otros reportes sobre la captura de Nicolás Maduro y el rol de EE. UU. en Venezuela (contexto).
