La Subcomisión Política para el análisis del informe presentado la Comisión Ad hoc para estudiar el proyecto de Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional, podría presentar la próxima semana a la Comisión Política el anteproyecto respectivo con base al proyecto inicial pero con algunas modificaciones incorporando los insumos obtenidos en los foros consultivos y teniendo a la base las dos propuestas de ley que se mantiene para estudio de la comisión y sus similitudes.
Las propuestas en referencia, fueron elaborados por la subcomisión retomando el trabajo que realizó la Comisión Ad hoc que estudió la sentencia como tal, y el otro se deriva de las organizaciones sociales de derechos humanos y asociaciones de víctimas del conflicto armado, mismos que fueron sometidos a consulta en los foros regionales que impulsó la mesa legislativa a finales de agosto y que culminó en septiembre.
Entre los elementos básicos que se han incorporado a la propuesta en mención, en la cual ha trabajado el equipo técnico conformado para dicha tarea, está ampliar de seis meses a cinco años el plazo para que la Fiscalía General de la República (FGR), pueda recibir denuncias por parte de las víctimas afectadas durante la guerra; además, se ha ampliado a que cualquier tribunal pueda conocer los casos.
El coordinador de la Subcomisión, diputado Roberto Ángulo. Del Partido de Concertación Nacional (PCN), dijo al respecto: “Este es un documento que viene del trabajo de la subcomisión como origen, que es el que presentaron con los insumos que hemos ido recogiendo de este trabajo en los diferentes departamentos visitados y de lo que pudimos ver, que es importante, y, por supuesto, el origen principal que es el fallo (de la Sala); creemos que esto está enmarcado y recoge todas inquietudes; el mandato de la Comisión Política fue un mandato específico: que nosotros fuéramos a tales y tales lugares y que procuráramos tener una apertura hacia la gente”.
Hay que recordar que el próximo 13 de noviembre concluye el plazo adicional otorgado por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para legislar sobre una normativa que garantice la reconciliación nacional partiendo de la justicia restaurativa y transicional, tras el fallo emitido por el máximo tribunal de justicia del país en 2016 que derogó la Ley de Amnistía General que había sido aprobada en 1993, tras finalizar el conflicto armado.
Pero no todo es como lo pintan
El diputado del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Damián Alegría, dijo que su partido no dará los votos para la aprobación de la nueva legislación, porque no se completaron las consultas con las víctimas.
“Si solo se realizaron consultas en siete departamentos y mal hechas, para nosotros hace falta culminar con ese proceso, no se puede elaborar una ley sin cumplir con lo que ordenó la Sala de lo Constitucional en un sentencia”, manifestó.
La Mesa contra la Impunidad en El Salvador, el Grupo Gestor por una Ley Integral de Reparaciones y la Comisión de Trabajo Pro-Memoria histórica, también rechazaron la suspensión de las consultas a víctimas y organizaciones de derechos humanos, en el proceso de elaboración de la ley de reconciliación.
Tal decisión, reviste arbitrariedad y conlleva la vulneración del estándar adoptado por la Sala de lo Constitucional, que obliga a los diputados para dicha ley “en su elaboración y discusión… incorpore a las víctimas y a las entidades que las representan, Es decir, impone la obligación de impulsar una amplia consulta con las víctimas, las asociaciones que las representan y otros sectores interesados en la sociedad”.
La decisión de suspender las consultas fue adoptada con los votos de los diputados de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Partido Demócrata Cristiano (PDC) Y Concertación Nacional (PCN); con el voto en contra del diputado Juan José Martel de Cambio Democrático (CD) y ante la ausencia del FMLN, en la sesión que impulsó la suspensión de las consultas.
Pero ante la solicitud que hicieran algunas organizaciones de derechos humanos y colectivos de víctimas adscritos a la Mesa Contra la Impunidad en El Salvador, el Grupo Gestor para una Ley Integral de Reparaciones y el Comité de Trabajo Pro Memoria Histórica de El Salvador, quienes remitieron sus aportes al proyecto de ley, incluyendo una actualización de la propuesta presentada anteriormente, y al mismo tiempo pidieron ser recibidas en el seno de la misma; la mayoría de grupos parlamentarios representados en esta mesa de trabajo consideraron que esas asociaciones ya fueron atendidas y sus aportes tomados en cuenta.
“Hay que reconocer que nos queda poco tiempo para tener aprobada esta ley; la otra semana presentaríamos el anteproyecto y la Comisión Política tendría al menos dos semanas para estudiar el proyecto respectivo y, posteriormente, ver si existen los votos y bajarlo al Pleno; ya con todo eso estaríamos a escasos ocho o diez días como máximo para poder aprobarlo; ya no podemos seguirlo dilatando”, argumentó el diputado Julio Fabián de ARENA.
En cumplimiento a lo acordado este día, la otra semana como máximo la Subcomisión haría entrega oficial a la Comisión Política del documento para que esa instancia tenga quince días, contados desde el momento de conocer el anteproyecto, para hacerlo del conocimiento de los 84 diputados y someterlo a votación.
Tras la sentencia de la CSJ, la Asamblea se propuso construir una propuesta de ley de reconciliación nacional tomando en cuenta a las víctimas, para ello se estableció que se debía hacerlo antes del 13 de julio de este año, pero debido a que no alcanzó el tiempo la comisión encargada solicitó a la Comisión Política pedir a la Sala una prórroga, y el 24 de julio, se conoció la notificación de la Sala en la que ampliaban el plazo por 4 meses, para que se trabajara en una Ley de reparación nacional, tomando la verdad, justicia, reparación integral y no repetición a crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
