Redacción ContraPunto
El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) anunció que prepara nuevas medidas para frenar una posible especulación en los precios del maíz en la zona oriental de El Salvador, donde el quintal del grano se comercializa entre $30 y $35, según denuncias oficiales.
El viceministro de Agricultura y Ganadería, Óscar Domínguez, señaló que algunos comerciantes estarían aprovechando las dificultades del sector agrícola para incrementar los precios sin que exista, según el Gobierno, una justificación por falta de producto.
Domínguez explicó que el MAG trabaja de manera coordinada con la Defensoría del Consumidor y que en los próximos días dará a conocer disposiciones destinadas a garantizar que las familias de la zona oriental puedan adquirir maíz a precios justos.
El funcionario también expuso diferencias en la comercialización del frijol. Mientras en San Salvador el quintal se vende entre $85 y $87, en la zona oriental alcanza precios de entre $95 y $105, una brecha que evidencia las desigualdades en los costos de acceso a los alimentos básicos.
Antecedentes de intervención
Esta no es la primera acción gubernamental frente a denuncias de incrementos injustificados. En marzo de 2026, el MAG habilitó cuatro puntos de venta de maíz a $22 por quintal, con un límite de cinco quintales por comprador, luego de detectar intermediarios que adquirían el producto a $18 y pretendían venderlo hasta en $29.
En agosto, la institución también anunció precios de referencia y valores mayoristas para distintos productos de la canasta básica, como parte de una estrategia para transparentar la comercialización y evitar abusos.
La situación actual se produce después de los períodos de sequía registrados durante 2026, que afectaron la producción agrícola y las reservas de alimentos de numerosas familias productoras.
Aunque el MAG sostiene que existe suficiente disponibilidad de maíz y descarta que los precios elevados respondan a un desabastecimiento, las afectaciones climáticas, los costos de producción y las pérdidas de cosechas continúan presionando la economía rural.
El desafío para las autoridades será demostrar que las nuevas medidas pueden traducirse en una reducción efectiva de los precios, especialmente para los hogares de menores ingresos. La vigilancia sobre intermediarios y comerciantes, así como la transparencia en la cadena de distribución, serán fundamentales para evitar que las diferencias regionales sigan encareciendo la alimentación de la población.
