Por Redacción ContraPunto
La Corte de Cuentas de la República (CCR) formuló cuatro reparos por un monto total de $2,224,284.60 contra funcionarios y exfuncionarios de la Alcaldía de San Miguel, entre ellos el exalcalde José Wilfredo Salgado García, conocido como Will Salgado, por presuntas irregularidades en el manejo de fondos destinados a las fiestas patronales del municipio.
Los señalamientos están contenidos en el Pliego de Reparos N.º CAM-V-JC-001-2026, emitido por la Cámara Quinta de Primera Instancia de la CCR, que examinó la administración de los recursos transferidos por la municipalidad al Comité Organizador de las Fiestas Patronales durante el período comprendido entre el 1 de mayo de 2021 y el 30 de abril de 2024.
La auditoría identificó deficiencias en los procesos de adquisición de bienes y servicios, pagos con documentación incompleta, contrataciones sin evidencia suficiente de libre competencia y remuneraciones sin controles adecuados de asistencia laboral.
Los reparos involucran a integrantes del comité organizador y a funcionarios con responsabilidades administrativas, financieras y de supervisión. Sin embargo, los señalamientos no constituyen por sí mismos una sentencia definitiva ni prueban la comisión de delitos o la apropiación de fondos públicos.
Contrataciones por más de $1.1 millones bajo observación
El mayor reparo asciende a $1,190,492.60 y está relacionado con deficiencias en los procedimientos de adquisición de bienes y servicios para las celebraciones patronales.
Entre las operaciones examinadas figuran contrataciones de espectáculos artísticos, suministros, fuegos pirotécnicos y servicios logísticos. Según el expediente, no se presentó toda la documentación necesaria para verificar el cumplimiento de los procedimientos legales, incluidos órdenes de compra, contratos, actas de recepción y nombramientos de administradores de contratos.
La auditoría también observó anticipos superiores al 30 % del valor de algunas contrataciones sin las garantías de buena inversión correspondientes al 100 % del anticipo.
Estas deficiencias dificultan comprobar que las operaciones se desarrollaron conforme a las disposiciones aplicables. La ausencia de documentos, no obstante, no demuestra por sí sola que los bienes o servicios contratados no hayan sido entregados.
Cuestionan contrataciones por casi $1 millón
Un segundo hallazgo de mayor cuantía corresponde a contrataciones por $992,460.90 en las que, según la CCR, no se acreditó el cumplimiento de procedimientos que garantizaran la libre competencia entre proveedores.
Las operaciones incluyen servicios artísticos, alquiler de tarimas y equipos utilizados durante las festividades. De acuerdo con el expediente, en los procesos observados se recibió únicamente la oferta de un proveedor, sin documentación suficiente para demostrar que se aplicaron mecanismos competitivos de comparación de precios o licitación.
La observación se centra en la falta de evidencia que permita verificar las condiciones bajo las cuales fueron seleccionados los proveedores y contratados los servicios financiados con recursos municipales.
Pagos sin autorizaciones y controles administrativos
El tercer reparo comprende $23,092.57 en operaciones cuyos documentos de pago no reunían todos los requisitos de autorización establecidos por los controles internos.
Entre las deficiencias señaladas figuran comprobantes sin el sello de «DESE», correspondiente al alcalde u ordenador de pagos, y sin el visto bueno del síndico.
La Corte cuestionó la falta de estos respaldos, que debían permitir verificar la autorización de las erogaciones antes del desembolso de los recursos. El hallazgo también involucra las funciones de supervisión y revisión documental de los responsables de la administración financiera y la tesorería.
Remuneraciones por $18,238.57 sin controles de asistencia
El cuarto reparo corresponde al pago de $18,238.57 en remuneraciones a trabajadores del Comité Organizador de las Fiestas Patronales, sin que se acreditaran los controles de asistencia requeridos.
La auditoría reportó la falta de registros de entrada y salida, así como de permisos, licencias o incapacidades que justificaran determinadas ausencias laborales. Según el expediente, estas deficiencias permitieron efectuar pagos sin aplicar los descuentos correspondientes por inasistencias.
Este señalamiento incluye una posible responsabilidad patrimonial por el monto observado. La determinación de una eventual obligación de reintegrar los recursos dependerá de la resolución que se emita en el procedimiento respectivo.
Will Salgado y otros funcionarios incluidos en el expediente
Además de Salgado, quien se desempeñó como alcalde y presidente del comité organizador, el pliego identifica a varios funcionarios y exfuncionarios municipales que participaron en la gestión de los recursos durante el período examinado.
Entre ellos figuran Gilda María Mata, síndico del comité y síndico municipal; Óscar Armando Ramírez Ramírez, tesorero del comité y tesorero jefe de la municipalidad; Edward Santiago Galeano Iglesias, contador general del comité; y Mercedes Margarita Lara de Gómez, gerente general ad honorem del organismo y duodécima regidora propietaria.
También aparecen Belinda del Carmen Romero Jiménez, Denny Ernesto Garcilazo García, Kriscia Abigail Ventura Blanco, Elías Isaí García Villatoro, Mario Ernesto Portillo Arévalo y Patricia Lissette Villafuerte Reyes, quienes desempeñaron distintas funciones dentro del comité organizador y de la estructura municipal.
Los primeros tres reparos están relacionados con presuntas responsabilidades administrativas por incumplimientos en las contrataciones, la autorización de pagos y los controles internos. De comprobarse las responsabilidades correspondientes, podrían derivarse sanciones administrativas, incluidas multas conforme al artículo 107 de la Ley de la Corte de Cuentas.
En el cuarto caso, la observación contempla una posible responsabilidad patrimonial por los pagos efectuados sin los controles de asistencia requeridos.
El proceso deberá determinar las responsabilidades
Los cuatro reparos suman $2,224,284.64, según la suma de los montos individuales detallados en el expediente, aunque el total reportado en la información publicada es de $2,224,284.60.
El caso pone bajo escrutinio los mecanismos de contratación, autorización de pagos y fiscalización de los recursos municipales destinados a una de las principales celebraciones de San Miguel.
La formulación de reparos representa una etapa del procedimiento de fiscalización y determinación de responsabilidades. Por tanto, corresponderá a las instancias competentes establecer si los funcionarios señalados incurrieron en infracciones administrativas o si existe responsabilidad patrimonial por las operaciones observadas.
Hasta que exista una resolución definitiva, los señalamientos deben entenderse como observaciones sujetas al procedimiento correspondiente y no como una declaración concluyente de culpabilidad.
