Por Redacción ContraPunto
San Salvador, 26 de octubre de 2026. Al menos cinco salvadoreños reclutados bajo engaños para viajar a Rusia permanecen desaparecidos, luego de que presuntamente fueran obligados a incorporarse al ejército de ese país para combatir contra las fuerzas armadas de Ucrania. Su caso forma parte de un fenómeno internacional que expertos de las Naciones Unidas identifican como trata de personas mediante engaño, coacción y explotación.
La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania presentó este lunes 26 de octubre un informe ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el que afirma haber reunido pruebas contundentes de que las autoridades rusas traficaron con personas procedentes de 29 países para incorporarlas a sus fuerzas militares.
Según los investigadores, las víctimas fueron captadas mediante falsas ofertas laborales y trasladadas a Rusia, donde habrían sido sometidas a presiones para firmar contratos con el Ministerio de Defensa ruso. La investigación señala la participación de terceros que operaban en diferentes países y regiones, lo que evidencia el carácter transnacional de estas redes de reclutamiento.
De supuestos trabajos de seguridad al frente de batalla
En El Salvador, La Prensa Gráfica documentó en julio de 2026 los casos de al menos cinco ciudadanos que viajaron a Rusia tras recibir ofertas para trabajar como agentes de seguridad privada o escoltas.
Los salvadoreños habrían sido reclutados por la empresa International Solutions y viajado a través de una agencia colombiana identificada como Latin Travel. Sin embargo, una vez en territorio ruso, sus familiares denunciaron que les quitaron sus documentos y teléfonos celulares y que fueron obligados a firmar contratos redactados en ruso, sin traducción, para incorporarse a las operaciones militares durante al menos un año.
La diferencia entre el trabajo prometido y la actividad que presuntamente terminaron realizando constituye uno de los elementos centrales de las denuncias: los hombres habrían salido de sus países con la expectativa de obtener empleo en el sector de la seguridad, pero terminaron expuestos a los riesgos de una guerra internacional.
Intimidación para obligarlos a firmar
Pablo De Greiff, integrante de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania, explicó que las personas llegan a Rusia y son entregadas a agentes de seguridad rusos, quienes les presentan contratos con el Ministerio de Defensa.
De acuerdo con su testimonio, los documentos están redactados en ruso y no se traducen a los reclutados, lo que limita su capacidad para comprender las condiciones que aceptan. Quienes se niegan a firmar, agregó, quedan expuestos a mecanismos de coacción.
Uno de los testimonios recogidos por la Comisión describe un episodio especialmente grave: un hombre que rechazó firmar fue llevado a otro lugar por un agente del Ministerio de Defensa, quien le mostró la ejecución de cuatro personas. Después, el funcionario le preguntó si todavía se negaba a aceptar el contrato.
El relato ilustra la dimensión de las presiones denunciadas y plantea serias dudas sobre la libertad de consentimiento de quienes terminan incorporados a las filas militares rusas.
De Greiff sostuvo que la investigación documentó los distintos elementos que configuran la trata de personas: la contratación presuntamente engañosa, la entrega de los afectados al Ministerio de Defensa ruso por parte de terceros y la posterior explotación.
Desaparición y vulneración de derechos humanos
La situación de los salvadoreños preocupa especialmente a sus familiares, quienes han perdido contacto con ellos y desconocen su paradero. Las fotografías enviadas desde Rusia, según los relatos publicados por la prensa salvadoreña, constituyen parte de las evidencias que las familias han utilizado para intentar demostrar que sus parientes fueron enviados a combatir.
Las denuncias también describen condiciones precarias, escasa preparación militar y dificultades para comunicarse con sus seres queridos. En algunos casos, los familiares han manifestado preocupación por la alimentación, la seguridad y la falta de información sobre el destino de los reclutados.
La desaparición de los ciudadanos salvadoreños impide establecer con certeza su situación actual, mientras sus familias permanecen a la espera de noticias sobre su posible ubicación, estado de salud y condiciones de supervivencia.
El caso plantea, además, interrogantes sobre los mecanismos de captación utilizados en El Salvador y Colombia, la responsabilidad de los intermediarios y la capacidad de las autoridades para prevenir el reclutamiento engañoso de ciudadanos destinados a conflictos armados en el extranjero.
Una investigación con implicaciones internacionales
Las conclusiones de la Comisión de la ONU sitúan estas denuncias en un contexto más amplio: el presunto uso de redes transnacionales para trasladar personas a Rusia y someterlas a formas de explotación vinculadas con la guerra contra Ucrania.
La identificación de ciudadanos de 29 países entre los afectados muestra que no se trata únicamente de un problema bilateral entre Rusia y Ucrania, sino de una situación con repercusiones para países de América Latina y otras regiones.
Para El Salvador, el caso exige esclarecer cómo fueron reclutados sus ciudadanos, qué información recibieron antes de viajar, cuál fue la participación de las empresas e intermediarios señalados y qué medidas pueden adoptarse para localizar a los desaparecidos y proteger a sus familias.
Las denuncias también subrayan la importancia de verificar las ofertas de empleo en el extranjero, especialmente cuando los intermediarios prometen trabajos de seguridad en países involucrados en conflictos armados.
La investigación de los expertos de Naciones Unidas aporta un marco internacional para examinar estos hechos, pero la localización de los salvadoreños desaparecidos y el esclarecimiento de las responsabilidades individuales siguen siendo asuntos pendientes.
Fuentes: Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania, informe presentado ante la Asamblea General de la ONU el 26 de octubre de 2026; declaraciones de Pablo De Greiff;
