Por Alonso Rosales
San Salvador, 28 de agosto de 2026. La reestructuración municipal que redujo el número de municipios de El Salvador y estableció 44 municipios divididos en 262 distritos continúa generando cuestionamientos entre organizaciones sociales y analistas, quienes advierten que la concentración administrativa y financiera ha debilitado la capacidad de respuesta de las comunidades.
La Ley Especial para la Reestructuración Municipal, implementada hace más de dos años, fue presentada como una medida destinada a mejorar la eficiencia administrativa y garantizar la prestación de servicios. Sin embargo, organizaciones consultadas sostienen que en numerosos territorios la realidad ha sido distinta y que los llamados distritos han quedado con menores herramientas para atender problemas cotidianos.
Analistas señalan que uno de los principales efectos de la reforma ha sido el alejamiento entre las comunidades y las autoridades encargadas de resolver sus necesidades. Problemas que antes podían ser atendidos directamente por las alcaldías ahora deben pasar por estructuras municipales más grandes o instituciones nacionales, lo que, según las organizaciones, puede generar mayores tiempos de respuesta.
Entre los ejemplos señalados se encuentran las dificultades para atender a familias en situación de extrema pobreza. Analistas aseguran que existen comunidades donde las autoridades locales incluso tienen limitaciones para apoyar a familias que no cuentan con recursos para cubrir gastos funerarios básicos, como la adquisición de un ataúd para una persona de escasos recursos.
La situación también se refleja, según las organizaciones, en el deterioro de caminos y calles comunitarias. En diferentes zonas, habitantes han tenido que organizarse y realizar colectas o trabajos comunitarios para reparar vías que consideran indispensables para movilizarse, transportar productos agrícolas y acceder a servicios.
Para los analistas, esta situación plantea una pregunta fundamental: ¿quién debe asumir la responsabilidad de garantizar servicios y obras básicas en los territorios?
La crítica apunta a que las comunidades no deberían sustituir al Estado en tareas relacionadas con infraestructura pública, mantenimiento vial y atención social. La participación ciudadana puede complementar las acciones gubernamentales, pero no convertirse, sostienen, en el mecanismo principal para solucionar deficiencias de servicios públicos.
Uno de los puntos más cuestionados es la desaparición del esquema tradicional del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES) y la centralización de determinadas funciones y recursos.
Representantes del Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico han señalado que los recursos anteriormente vinculados al FODES permitían financiar proyectos de agua potable, alumbrado público, reparación de calles, infraestructura comunitaria y espacios deportivos.
La discusión, por tanto, no se limita al número de municipios existentes, sino a la capacidad financiera y administrativa que tienen los gobiernos locales para responder a las necesidades de la población.
Las organizaciones sostienen que la reducción de municipios pudo haber generado estructuras administrativas más grandes, pero no necesariamente ha significado una mayor capacidad de respuesta en todos los territorios. En particular, advierten que los distritos rurales y las comunidades alejadas de los principales centros urbanos pueden enfrentar mayores dificultades para gestionar obras y servicios.
Los cuestionamientos también alcanzan la concentración de funciones en instituciones nacionales como la Dirección de Obras Municipales (DOM), creada para ejecutar proyectos de infraestructura en los municipios. Según las organizaciones críticas de la reforma, esta centralización puede reducir el margen de decisión de las autoridades locales y de las comunidades sobre las prioridades de inversión.
Ante este escenario, analistas consideran que todavía existe tiempo para revisar y revertir algunos de los efectos de la reforma territorial.
Una de las propuestas planteadas es retomar un mecanismo de financiamiento municipal similar al FODES, con recursos suficientes y reglas transparentes de distribución, de manera que los gobiernos locales puedan responder directamente a las necesidades de sus comunidades.
La discusión también debería incluir mecanismos de participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas, de forma que los habitantes conozcan cuánto dinero recibe cada municipio, en qué se utiliza y cuáles son las obras prioritarias.
Para los sectores críticos, fortalecer nuevamente las finanzas municipales no significa necesariamente regresar exactamente al modelo anterior, sino garantizar que los distritos y municipios dispongan de recursos reales para atender las necesidades básicas de la población.
El debate queda abierto: mientras el Gobierno defiende una estructura territorial más concentrada, organizaciones sociales y analistas advierten que una reforma administrativa pierde su sentido si la población termina teniendo que organizarse por cuenta propia para reparar calles, atender emergencias sociales o resolver necesidades básicas que deberían contar con una respuesta institucional.
La discusión sobre el futuro del municipalismo salvadoreño, sostienen los críticos, debería partir de una premisa: la descentralización de recursos y la capacidad de respuesta local son fundamentales para que el desarrollo llegue efectivamente a las comunidades.
