Por Redacción ContraPunto
La Asamblea Legislativa aprobó este martes, con 57 votos, una nueva prórroga del régimen de excepción, que corresponde a la número 53 desde que esta medida extraordinaria fue implementada en marzo de 2022 como parte de la estrategia de seguridad impulsada por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.
La extensión del régimen entrará en vigor el próximo 30 de julio y permanecerá vigente hasta el 28 de agosto, con el objetivo de mantener las facultades extraordinarias otorgadas a las instituciones encargadas de combatir a las estructuras criminales.
Durante la sesión plenaria, diputados de la bancada oficialista sostuvieron que el régimen de excepción ha sido determinante para reducir los índices de violencia y fortalecer la seguridad pública. Según cifras presentadas durante el debate, El Salvador acumula 1,167 días sin homicidios y, en lo que va de 2026, registra 179 jornadas sin muertes violentas. Asimismo, se indicó que durante la administración del presidente Bukele el país suma 1,281 días sin asesinatos.
Los legisladores también destacaron que la tasa de homicidios se ha reducido a 1.3 por cada 100,000 habitantes, mientras que las autoridades reportan la captura de 92,747 presuntos integrantes de pandillas y colaboradores desde el inicio del régimen de excepción.
El subjefe de la bancada de Nuevas Ideas, Caleb Navarro, afirmó que antes de la implementación de esta medida miles de familias vivían bajo el temor impuesto por las pandillas, enfrentando extorsiones, restricciones para movilizarse y altos niveles de violencia.
“Cada vez que esta Asamblea Legislativa conoce una nueva prórroga, no estamos votando únicamente por un decreto; estamos defendiendo el derecho de millones de salvadoreños a seguir viviendo sin miedo”, expresó el legislador durante su intervención.
Desde su implementación hace más de cuatro años, el régimen de excepción ha sido prorrogado de forma consecutiva por la Asamblea Legislativa. Mientras el Gobierno sostiene que la medida ha permitido recuperar territorios y reducir significativamente la criminalidad, organismos nacionales e internacionales de derechos humanos continúan expresando preocupación por las restricciones a garantías constitucionales y denuncias de detenciones arbitrarias, por lo que mantienen el llamado a que las acciones de seguridad se desarrollen con respeto al debido proceso y a los derechos fundamentales.
