Por Alonso Rosales, analista internacional
En un giro inesperado dentro de la política económica de Estados Unidos, varias empresas norteamericanas han decidido llevar a los tribunales al presidente Donald Trump por los aranceles que su administración impuso a las importaciones, medidas que numerosas compañías consideran arbitrarias, ilegales y contrarias al marco constitucional del país.
Las demandas se producen después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminara en febrero de 2026 que el presidente no tiene autoridad para imponer aranceles generalizados utilizando la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA). El fallo estableció que esa legislación no otorga al Ejecutivo el poder de aplicar impuestos comerciales de forma unilateral sin la aprobación del Congreso, un principio vinculado al histórico concepto estadounidense de “no taxation without representation”.
Sin embargo, pese a ese pronunciamiento judicial, la administración de Trump volvió a impulsar aranceles globales que alcanzan alrededor del 15% sobre numerosos productos importados, generando una fuerte reacción en el sector empresarial estadounidense.
Empresas que han presentado demandas
Entre las compañías que han iniciado acciones legales contra el gobierno se encuentran:
- Nintendo, que presentó una demanda ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos para reclamar la devolución de los aranceles pagados sobre productos fabricados en Asia.
- Weyco Group, empresa matriz de las marcas de calzado Florsheim, Bogs y Nunn Bush, que exige la devolución de millones de dólares pagados en aranceles a importaciones de zapatos.
- Burlap & Barrel, importadora de especias con sede en Nueva York.
- Basic Fun, empresa fabricante de juguetes en Florida.
Estas compañías argumentan que los aranceles no solo carecen de base legal, sino que además perjudican directamente a las empresas estadounidenses, obligándolas a pagar impuestos que luego terminan trasladándose a los consumidores.
De acuerdo con informes judiciales y estimaciones de especialistas, más de mil empresas han iniciado o preparan demandas similares para reclamar la devolución de los aranceles pagados, cuyo monto total podría superar los 130.000 millones de dólares.
Un choque institucional
El conflicto refleja un problema mayor dentro del sistema político estadounidense: el choque entre el poder ejecutivo y el poder judicial.
El fallo del Tribunal Supremo fue claro al señalar que el presidente no puede usar leyes de emergencia para imponer impuestos comerciales sin autorización del Congreso. Sin embargo, la insistencia de la administración Trump en mantener o reformular los aranceles ha sido interpretada por muchos analistas como un desafío directo al equilibrio institucional establecido por la Constitución.
Para numerosos juristas y economistas, la política arancelaria impulsada por Trump representa un intento de centralizar decisiones económicas que tradicionalmente corresponden al Congreso. Esto no solo genera incertidumbre jurídica, sino que también coloca a las empresas estadounidenses en una situación de inseguridad regulatoria frente a decisiones que pueden cambiar por decreto.
El impacto político internacional
El caso también refleja una tendencia más amplia en la política exterior y económica del mandatario. Trump ha defendido durante años una visión unilateral de las relaciones internacionales, presionando a gobiernos extranjeros y utilizando los aranceles como instrumento político.
Esa lógica de confrontación ha tenido repercusiones globales y, en algunos casos, ha generado tensiones diplomáticas innecesarias
Un precedente histórico
Las demandas empresariales contra el gobierno estadounidense podrían sentar un precedente histórico. Si los tribunales fallan definitivamente a favor de las compañías, el Estado tendría que devolver miles de millones de dólares en aranceles cobrados ilegalmente, lo que supondría uno de los mayores reembolsos fiscales en la historia reciente del país.
Más allá del resultado judicial, el episodio deja al descubierto una paradoja: una política económica que supuestamente buscaba proteger a las empresas estadounidenses ha terminado provocando que esas mismas empresas demanden al propio gobierno de su país.
En última instancia, el conflicto plantea una pregunta fundamental para la democracia estadounidense: ¿puede un presidente imponer políticas económicas contrarias a la ley y al fallo del Tribunal Supremo sin consecuencias institucionales?
La respuesta a esa pregunta se está decidiendo ahora en los tribunales.
Fuentes:
Reuters, CNBC, Business Insider, Entertainment Weekly, Tribunal Supremo de Estados Unidos, registros del Tribunal de Comercio Internacional.
