Por Alonso Rosales
La política migratoria bajo la administración de Donald Trump ha desencadenado una ola de acciones que, lejos de proteger derechos fundamentales, han profundizado sufrimientos, vulnerado el debido proceso y convertido a inmigrantes —especialmente a niños— en las piezas más frágiles de una máquina de represión.
Deportación de Any Lucía López Belloza: el error que no se corrige
Any Lucía López Belloza, una joven hondureña de 20 años estudiante en la universidad Babson, fue deportada a Honduras en noviembre de 2025 a pesar de existir una orden judicial que prohibía su expulsión. Un juez federal mantenía una orden que impedía su salida, pero un funcionario de ICE no marcó esa instrucción, y el gobierno la deportó de todas formas. Más allá de reconocer el error administrativo, la administración de Trump se negó a permitir que se le otorgue una visa para regresar a Estados Unidos, calificándolo de “inviable” pese a la promesa de corregir un fallo explícito del poder judicial. Esto muestra no solo una negligencia burocrática, sino una decisión política clara de no rectificar una violación de derechos, aún cuando el juez ha amenazado con declarar al gobierno en desacato civil si no actúa.
Este caso simboliza un patrón de indiferencia por el debido proceso: una persona que estudia, que aporta a su comunidad educativa y que fue traída al país de niña ve truncado su futuro por un error del sistema que la propia administración se rehúsa a corregir.
El caso de Alberto Castañeda Mondragón: violencia y abuso en custodia migratoria
La política migratoria también ha revelado un rostro brutal y siniestro. Alberto Castañeda Mondragón, un inmigrante mexicano de 31 años, fue arrestado en St. Paul, Minnesota, por agentes de ICE que lo sacaron de un automóvil, lo tiraron al suelo y lo golpearon repetidamente. Mondragón sufrió ocho fracturas de cráneo y cinco hemorragias cerebrales tras la detención —lesiones tan severas que inicialmente no recordaba a su propia hija—, según su propio relato y reportes de prensa.
Los agentes describieron ante los médicos que él “se golpeó contra una pared”, una versión que profesionales de la salud y testigos consideran inconsistente con la naturaleza de sus heridas. Mondragón no tenía antecedentes criminales graves y, tras una revisión judicial, un juez determinó que su detención fue ilegal. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional aún no ha iniciado una investigación completa sobre el uso excesivo de la fuerza, y las autoridades no han rendido cuentas por lo ocurrido.
Este episodio pone en evidencia que la política migratoria no es únicamente administrativa; en algunos casos, consiste en operativos violentos que tratan a inmigrantes como amenazas antes aún de que su situación legal sea aclarada en un tribunal.
Redadas y detenciones de niños: más cercanas a campos que a procesos humanitarios
La administración Trump ha revivido la detención familiar masiva, reabriendo grandes centros como el South Texas Family Residential Center en Dilley, Texas, y otros espacios para alojar a padres e hijos mientras se procesan sus casos de inmigración. Esto, a pesar de que políticas previas y acuerdos judiciales buscaban limitar la duración y condiciones de detención para menores.
Una de las historias más desgarradoras es la de Liam Conejo Ramos, un niño ecuatoriano de cinco años que fue detenido junto a su padre por agentes de ICE mientras caminaba a casa desde la escuela, en un operativo conocido como Operation Metro Surge. El caso generó indignación nacional cuando una foto del niño con su mochila se viralizó. Un juez federal ordenó su liberación —junto a su padre— al destacar la injusticia de su detención en un proceso de asilo activo.
A partir de estos operativos se ha documentado que miles de niños han sido detenidos con sus familias, muchos sin órdenes de deportación ni cargos, simplemente porque sus padres estaban en procesos migratorios pendientes.
Condiciones en centros de detención: hambre, enfermedades y falta de educación
Numerosos informes y declaraciones de abogados revelan que en los centros de detención las condiciones son peligrosas o incluso indignas:
- En lugares como Dilley y Karnes (Texas), los inmigrantes han reportado agua turbia, mala comida, alimentos con moho y hasta gusanos.
- Los niños tienen acceso limitado a educación estructurada y actividades recreativas básicas.
- Los menores se enferman en espacios abarrotados; en 2026 se confirmó un brote de sarampión dentro del centro de Dilley, lo que representa un riesgo grave para su salud.
- Abogados han documentado demoras y fallas graves en la atención médica, así como escasez de agua potable y jabón adecuados, incluso bajo estándares que teóricamente deberían cumplir.
Estas condiciones no solo violan principios básicos de dignidad humana, sino que pueden constituir violaciones a acuerdos judiciales como el establecida por la sentencia Flores, que busca proteger a los niños en custodia migratoria. Existe una batalla legal en curso que cuestiona si el gobierno puede deshacer esas protecciones.
¿Por qué los jueces otorgan protecciones a ICE?
En casos recientes —incluyendo fallos que mantienen a inmigrantes detenidos mientras se revisan sus peticiones de asilo o procedimientos migratorios— varios jueces han permitido a agencias como ICE mantener bajo custodia a personas sin resolver sus casos. Esto se debe, en parte, a interpretaciones legales que otorgan a las autoridades migratorias amplios poderes discrecionales bajo la ley estadounidense. Sin embargo, la presión de litigios y decisiones judiciales que frenan abusos (como la liberación de niños o la declaración de detenciones ilegales) responde al intento de contrarrestar
Fuentes:
Reuters – Trump administra visa de estudiante deportada.
Associated Press – Caso de Alberto Castañeda Mondragón.
The Guardian / Washington Post / AP – Detención de niños bajo Trump.
Informes legales sobre condiciones en centros de detención.
