Por Alonso Rosales
La diputada de la Knesset Naama Lazimi y otros parlamentarios de la oposición han lanzado acusaciones públicas y enérgicas contra el primer ministro Benjamin Netanyahu, responsabilizándole política y moralmente por la catástrofe del 7 de octubre de 2023 y por presuntos lazos financieros o estratégicos que, según sus críticos, habrían beneficiado a Hamás. A continuación se presenta una nota informativa con las principales acusaciones, el contexto y el estado público de las investigaciones.
1) Acusación central: negligencia y “orden de no intervenir”
Naama Lazimi ha afirmado en debates de la Knesset y en redes sociales que Netanyahu incumplió protocolos de seguridad, que ignoró advertencias y —según dijo literalmente en un momento— que se le puede acusar por “los acontecimientos del 7 de octubre”. En el debate parlamentario del 10 de noviembre de 2025 la oposición volvió a exigir una investigación pública y Lazimi y otros legisladores apuntaron directamente a la responsabilidad política del primer ministro por las fallas que permitieron el avance de los atacantes y las horas de impunidad que sufrieron civiles. Estas declaraciones funcionan como una acusación política de negligencia grave.
2) Bloqueo o rechazo de una comisión estatal de investigación
Una pieza clave de la crítica es que el primer ministro se opuso a crear una comisión estatal independiente para investigar las fallas y la cadena de decisiones previas al 7-O, y en su lugar apoyó investigaciones internas. La oposición interpreta este rechazo como un intento de eludir la rendición de cuentas y la transparencia sobre decisiones de seguridad de su gabinete. Netanyahu ha defendido su postura alegando que en tiempos de guerra una comisión estatal no sería aceptada por la sociedad.
3) Acusaciones sobre vínculos financieros y la llamada “Qatargate”
En 2025 estalló el escándalo conocido en Israel como el “Qatargate” o Qatari connection affair: investigaciones policiales y del Shin Bet se centraron en si asesores cercanos al primer ministro recibieron pagos o tuvieron vínculos con actores vinculados a Qatar —país que, a su vez, mantiene canales con Hamás— para promover intereses qataríes. Varios asistentes y exasesores fueron arrestados o investigados; algunos medios y figuras de la oposición han presentado esto como evidencia de que miembros del entorno de Netanyahu pudieron haber favorecido políticas que, indirectamente, fortalecieron a Hamás o minaron la seguridad israelí. Es importante subrayar que, hasta la fecha, la acusación de que Netanyahu financió directamente a Hamás no ha sido probada en sede judicial; lo que existe son investigaciones sobre pagos a asesores y cuestionamientos sobre cómo esos vínculos influyeron en decisiones políticas.
4) Hechos operativos denunciados por la oposición
Los parlamentarios opositores han señalado fallos concretos en la vigilancia y respuesta militar: testimonios y reportes públicos han hablado de patrullas canceladas, avisos no actuados y demoras en la movilización que permitieron que los atacantes penetraran defensas —lo que, en la narrativa de la oposición, conecta con la responsabilidad política máxima del primer ministro como responsable último de la seguridad nacional. Estas denuncias alimentan la demanda de una investigación pública que clarifique decisiones operativas y políticas.
5) Reacciones públicas y judiciales: margen entre política y ley
- Política: Las acusaciones en la Knesset son contundentes y han aumentado la presión pública y mediática sobre Netanyahu; la oposición usa términos duros como “traición” y exige responsabilidades políticas y, cuando proceda, judiciales.
- Judicial/Investigativa: Hay investigaciones en marcha (por ejemplo, el Qatargate) que han resultado en detenciones y en interrogatorios a colaboradores cercanos. Netanyahu ha prestado declaración en algunas diligencias pero, hasta ahora, no ha sido formalmente acusado de financiar a Hamás. Por tanto, existe una diferencia crucial entre las acusaciones políticas públicas (fuertes y de gran impacto) y las pruebas que hayan sido presentadas y validadas en tribunales.
Resumen / Estado de la evidencia
- Lo probado públicamente: hay investigaciones en curso sobre la conducta de asesores del primer ministro y sobre filtraciones/pagos (caso Qatargate); existen reportes y testimonios sobre fallas de seguridad del 7-O.
- Lo alegado en la Knesset: Lazimi y otros acusan a Netanyahu de ordenar o permitir la inacción y de bloquear una investigación estatal; lo califican como negligencia política grave y, en el discurso opositor, como traición. Estas son acusaciones políticas expresadas públicamente en el parlamento y en redes.
- Lo no probado (hasta ahora): que Netanyahu financiara directamente a Hamás. Hay indicios sobre pagos a asesores y sobre conexiones con Qatar (un actor regional que ha tenido relación con Hamás), pero la afirmación de financiamiento directo sigue sin sentencia judicial que la corroborе.
Las declaraciones de Naama Lazimi y el paquete de acusaciones presentadas en la Knesset han escalado la presión política sobre Benjamin Netanyahu y han reabierto el debate público sobre la responsabilidad política y la necesidad de una investigación independiente del 7 de octubre. Al mismo tiempo, las pesquisas judiciales (por ejemplo, el Qatargate) continúan y pueden aportar más elementos, pero por el momento existe una mezcla de acusaciones políticas fuertes y procesos investigativos en curso que todavía no han culminado en condenas sobre los extremos más graves (como el financiamiento directo a Hamás).
Fuentes Time de Israel ,AP Bottom of Form
