Las micro y pequeñas empresas (MYPEs) de El Salvador aportaron, en conjunto, un promedio del 48.8 % del Producto Interno Bruto (PIB) entre 2020 y 2023, según el informe “El Estado de la MYPE 2025: La otra cara de la economía”, elaborado por el Observatorio MYPE de la Fundación de Apoyo Integral (FUSAI) y el Programa El Salvador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
El estudio, basado en evidencia estadística, señala que las MYPEs formales —que representan solo el 3.6 % del parque empresarial nacional— contribuyeron con el 8.2 % del PIB, más del doble de lo que correspondería a su tamaño. Por su parte, las MYPEs informales generaron el 40.6 % de la producción nacional.
El informe destaca que este sector constituye un pilar fundamental de la economía salvadoreña, tanto por su aporte productivo como por su papel en la cohesión social y territorial del país.
“Brecha de optimismo”: expectativas altas, concreción limitada
El documento identifica una “brecha por exceso de optimismo o déficit de concreción”, fenómeno que describe la confianza de los empresarios en el crecimiento de sus negocios, pese a modelos inestables y un entorno adverso.
La saturación de negocios similares y la reducción del poder adquisitivo de la población afectan a casi la mitad de las MYPEs, limitando sus ventas. Para sobrevivir, muchas reducen precios o personal, en lugar de invertir en innovación, lo que genera un círculo de vulnerabilidad empresarial.
La usura: un obstáculo estructural para el financiamiento
El estudio advierte que la usura continúa siendo una de las mayores amenazas para las MYPEs salvadoreñas. Se estima que ocho de cada diez empresas recurren a prestamistas informales, atraídas por la rapidez de los créditos, pero expuestas a tasas de interés promedio del 1,869 % anual.
Los préstamos usureros alcanzan 1,251.5 millones de dólares anuales, equivalentes al 3.6 % del PIB y al 7.4 % del crédito formal. El informe subraya que la Ley contra la Usura de 2013 resulta ineficaz, ya que no cubre el mercado informal ni ofrece incentivos a la banca formal para atender a las microempresas.

Exclusión financiera y sobreendeudamiento en aumento
Según encuestas a asesores de microfinanzas citadas en el informe, más del 78 % ha observado un aumento de la morosidad y la salida de clientes del sistema financiero formal. Este fenómeno lleva a muchos empresarios a diversificar sus deudas en condiciones más riesgosas, perpetuando la informalidad y la vulnerabilidad económica.
El estudio advierte que, sin productos financieros adaptados a los ingresos irregulares y baja documentación del sector, el crédito puede transformarse en una “trampa de empobrecimiento”, en lugar de un instrumento de inclusión.
Brecha digital: uso básico de tecnología y baja adopción de pagos electrónicos
Aunque la mayoría de las MYPEs tiene acceso a internet, el informe revela una digitalización desigual. Ocho de cada diez empresas usan WhatsApp como herramienta comercial y seis de cada diez emplean Facebook, pero menos del 30 % utiliza correo electrónico o programas de oficina.
El uso de herramientas avanzadas —como CRM o ciberseguridad— es casi inexistente, y dos de cada tres negocios aún operan exclusivamente en efectivo.
El estudio resalta que ampliar el uso de tecnología y promover la digitalización integral son claves para mejorar la productividad y competitividad del sector.
La carga invisible del cuidado limita la productividad
Más de seis de cada diez empresarios realizan tareas domésticas no remuneradas y un tercio cuida de personas dependientes, dedicando en promedio 4.1 horas diarias a estas labores.
Las empresarias mujeres enfrentan una carga aún mayor: cinco horas diarias, frente a 2.5 horas en los hombres, lo que amplía las brechas de ingreso y limita el crecimiento de sus negocios.
El informe plantea la necesidad de un sistema nacional de cuidados, público y privado, que libere tiempo productivo y genere nuevas oportunidades de emprendimiento en este sector.
FUSAI y FLACSO llaman a orientar la política económica hacia las MYPEs
El informe concluye que el desempeño económico de El Salvador depende del fortalecimiento de las MYPEs, y que su inclusión debe ser una prioridad en la política económica nacional.
Superar los desafíos de financiamiento asfixiante, informalidad persistente, digitalización incompleta y sobrecarga de cuidados es, según el documento, una condición indispensable para el desarrollo sostenible del país.
El lanzamiento del informe contó con el auspicio de la Iniciativa DINAMICA II, ejecutada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), la Unión Europea (UE) y el Gobierno de Alemania a través del KfW, con apoyo de Banco Integral, ACTEC y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).


