Por Alessia Genoves
9 presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha (Ms-13), son acusados de “influir en la política del gobierno de El Salvador (GOES) para obtener beneficios”, desde las administraciones de ARENA y FMLN. Los imputados han sido detenidos en territorio estadounidense, y sus detenciones procedieron por orden de la Oficinas del Fiscal Federal, con jurisdicción del distrito de Nueva Jersey; el Sur de Virginia, el sur de Florida, el Este de Texas, el Sur de Nueva York, entre otros estados. La institución informa que procederá a su extradición.
Una Guerra Contra Pandillas se ha anunciado en El Salvador, desde el pasado 25 de marzo. A ésta declaratoria sucede la institucionalización del Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales, y la activación de la V fase del Plan Control Territorial (PCT): “Extracción”. El gobierno continúa recibiendo a pandilleros extraditados, y a quienes, junto a los líderes y miembros activos, se les instalará en el Centro de Contención Contra el Terrorismo (Cecot), según lo promete el presidente salvadoreño, Nayib Bukele. Hasta el día de ayer, han sido 2,000 integrantes de la Mara Salvatrucha y del Barrio 18 los instalados en el nuevo recinto.
Mareros arrestados
13 líderes pandilleros de la Ms-13 están bajo la custodia del Departamento de Justicia de Estados Unidos. A éste grupo corresponde los 6 salvadoreños identificados, en el territorio estadounidénse, con afiliación deducida a la misma organización criminal. Las acusaciones generales que les someten, responden a las de “conspiración para extorsión, conspiración para proporcionar u ocultar apoyo material a terroristas y conspiración para narcotráfico”.
“4 de los acusados están acusados de conspiración de contrabando de extranjeros”, añade el Departamento de Justicia, de los hallazgos reportado por la FBI. Tres de los principales implicados recibieron arresto el pasado 22 de febrero.
9 de los acusados tienen origen en El Salvador; y el Departamento de Justicia espera comunicarse con las autoridades migratorias para proceder a su extradición. El informe del FBI los individualiza, por los siguientes cargos:
- Walter Yovani Hernández-Rivera, alias Bastardo de Park View: “recaudó fondos y compró armas para tomar represalias contra el gobierno salvadoreño”.
- Juan Antonio Martínez-Abrego, alias Mary Jane de Hollywood: “fue parte de los esfuerzos para obtener armas de fuego para tomar represalias contra el gobierno de El Salvador”.
- Edwin Ernesto Cedillos-Rodriguez, alias Renuente de Abriles Dangers: “vocero de la MS-13 durante las negociaciones con el gobierno salvadoreño”
- Carlos Tiberio Ramirez-Valladares, alias Snayder de Pasadena: “vocero de la MS-13 durante las negociaciones con el gobierno salvadoreño”
- Dany Fredy Ramos-Mejia, alias Cisco de Teclas: “brindó orientación a los miembros de la MS-13 en los Estados Unidos, incluido el fomento de la violencia… también participó en negociaciones con funcionarios del gobierno”.
- Francisco Javier Roman-Bardales: “supervisó la “Zona Oeste” de la MS-13 en El Salvador”
- Dany Balmore Romero-Garcia, alias Big Boy de Normandies: “ayudó en la compra de armas para tomar represalias contra el gobierno salvadoreño”.
- Ruben Antonio Rosa-Lovo, alias Chivo de Centrales: “dirigió las operaciones de MS-13 en los Estados Unidos estuvo involucrada en las aprobaciones de asesinatos en los Estados Unidos, incluida Virginia”.
- Miguel Angel Serrano-Medina, alias Cabro de Park View”: “líder de la camarilla de Park View y era parte de la cadena de aprobación de las “luces verdes”. Compró armas para tomar represalias contra el gobierno salvadoreño”.
Pacto con maras
“Influir en la política del gobierno de El Salvador (Goes) y obtener beneficios y concesiones del Goes” es una de las principales acusaciones formalizadas en el Departamento de Justicia, que implican a los 9 mareros detenidos, con origen en El Salvador. Las autoridades declararon su intención de extraditar a los pandilleros, aunque el acuerdo entre países aún no lo confirma el gobierno salvadoreño.
“Varios de estos acusados han desempeñado un papel destacado en las negociaciones pasadas y actuales de la MS-13 con el GOES”, indican las autoridades fiscales, en el informe divulgado por el Departamento de Justicia. El señalamiento, por tanto implicaría sobre aquellas negociaciones documentadas en los procesos judiciales en contra de políticos del gobierno del partido FMLN; diputados por el partido ARENA; pero no queda claro si también implican al actual gobierno del presidente Nayib Bukele.
La principal acusación responde a algunos de las irregularidades documentadas durante los gobiernos de los ex-presidentes Mauricio Funes (2009-2014) y Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), que habrían sido cometidas por el anterior titular del Ministerio de la Defensa Nacional, David Munguía Payés. Éste último ha sido sometido ante la justicia acusaciones ligadas en la comisión de los delitos de “agrupaciones ilícitas, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes”.
Según el expediente judicial, Payés cometió ilícitos en el marco de una “política pública” que buscaba reducir el nivel de homicidios entre miembros de estructuras delincuenciales (Mara Salvatrucha y el Barrio 18). Se detalla que durante el proceso de la tregua hubo ingreso de objetos ilícitos a los centros penales donde estaban recluidos los pandilleros como parte del pacto con el Gobierno. Detallan que ingresaron teléfonos celulares, televisores y la realización de fiestas.
“Manipular el proceso electoral en El Salvador” también es otra de las acusaciones que pesan en contra de los 6 pandilleros detenidos en EEUU. Acusaciones similares pesan en contra de los ex-diputados Norman Quijano y Ernesto Muyshondt, ambos representantes del partido ARENA. Pruebas vide-gráficas sustentan las acusaciones del Minsiterio Público Fiscal, en los delitos atribuidos en contra de Norman Quijano. La tipificaciones refieren a las de “agrupaciones ilícitas y fraude electoral”. Las primeras investigaciones las desarrolló la FGR desde el año 2015, en la conocida Operación Cuscatlán.
Sin embargo, el juicio en contra de Quijano comenzó a ventilarse 4 años después. La FGR tuvo que requerir a la Asamblea Legislaiva, para ésta retirara el fuero constitucional a Norman Quijano. Se creó, para ello, la Comisión de Antejuicio, en la que se ventilaron las pruebas y, entre otras cosas, se dieron a conocer los elementos de cargo en contra de Quijano.
Un vídeo de 27 minutos fue ventilado por la Asamblea Legislativa, mismo que se utilizó en la apertura del proceso de 2019. El material se observa la imagen del rostro de perfil, del Norman Quijano, reunido con el Pastor Valdez. Sin embargo, el discurso de los interlocutores es apenas audible. El acusado, desde luego, sostendría que el material no sería, a su juicio, suficiente prueba para acusarle.
Bukele contra las maras
61,199 personas permanecen detenidas, durante la vigencia del Régimen de Excepción. La cifra al 94,86% de las 64,512 detenciones enumeradas desde la declaración de la Guerra Contra Pandillas; y responden a la promesa anunciada por autoridades del Gabinete de Seguridad por arrestar a un estimado de 76,600 personas, así identificadas por la PNC.
Sin embargo, la Fiscalía de Nueva York presume 2 hechos contradictorios, relacionados con la detención reciente de los 13 miembros de la Ms-13, durante las Eleccines Presidenciales de 2019, y en las Elecciones Legislativas de 2021.
ContraPunto observa que el documento refiere a las “negociaciones con el gobierno”, en el período del año 2019. Sin embargo, no detalla si los presuntos hechos habrían tenido lugar durante el período de gobierno de Sánchez Cerén, ni a posteriori.
Por otra parte, el MJSP registra una reducción de homicidios desde el segundo semestre de 2019, año que culminó con 2,398 homicidios, que constituiría una reducción del 28% respecto a los 3,340 del año 2018. La tendencia continuó hasta durante el año 2020, cuando se registraron 1,341 homicidios. Durante ese período, Bukele exigió el financiamiento del Plan Control Territorial (PCT), a la Asamblea Legislativa, que implicaría la instalación de 40 mil soldados de las Fuerzas Armadas, para contener al terrorismo.
El Departamento de Justicia, sin embargo, reiteraría sus acusaciones; y una posición política en contra de la elección legal de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, por parte de la mayoría legislativa, en mayo de 2021. Sostiene, también, que el supuesto pacto electoral legislativo implicaría al partido Nuevas Ideas, a cambio de legislar a favor de los detenidos, y negar extradiciones.
Los presuntos propósitos de la tregua se contradicen con los hechos. Durante ese tiempo, el financiamiento del PCT elevó el número de efectivos militares, y el presidente Bukele anunció que negaría privilegios a maras y pandillas en centros penales, ubicándolos incluso entremezclados entre pandillas rivales. De hecho, esa fue una medida de presión para la Asamblea Legislativa anterior, para la aprobación de los fondos de la referida política.
Nuevas Ideas ha reiterado que “no se aceptarán pactos oscuros”, que impliquen sobornos con entidades terceras, incluído el gobiernode Estados Unidos. Y pese a los señalamiento, ha sido la actual Asamblea Legislativa la que ha aprobado los fondos del PCT, y 11 prórrogas al Régimen de Excepción.
2021 cerró con 1,140 homicidios, una cifra inferior a los del año 2020, con una diferencia del 14%. 495 homicidios se registraron al término del año fiscal 2022, una reducción del 55% respecto del año anterior. La PNC registraría, hasta el 26 de febrero, apenas 23 homicidios en todo el año.
La Fiscalía de Nueva Jersey se contradiciría en sus declaraciones vertidas ante el Departamento de Justicia. Las cifras de migrantes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés), documentarían también aquellos pandilleros que huyen durante el Régimen de Excepción. Entretanto, las afirmaciones de los acusadores y de los acusados deben someterse a la verdad jurídica, el sistema judicial salvadoreño.
Contrario a las administraciones anteriores, el gobierno de Bukele ha regostrados 310 días sin homicidios intencionados. El criminólogo salvadoreño, Ricardo Sosa, prevé que el gobierno actual cierre el año entero sin homicidio (los 365 días), antes del mes de junio de 2023; es decir, antes de que Bukele finalice su cuarto año de gobierno.
